ADMINISTRADORES JUDICIALES
Una investigación criminológica muy necesaria
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Vaya por delante, y que quede bien claro, que la criminología y
la criminalística de cualquier profesión, sin
excepción alguna que se conozca, resulta odiosa para quienes
ejercen esa profesión, en todo momento y lugar. Obviamente, lo
que sigue no va a gustar a ningún administrador judicial, pero
si el que lo lee es realmente honesto, no debe de darse por aludido y,
en la medida de sus posibilidades, sería muy elogiable que
reconociera la problemática inmoral o delictiva, proponiendo
más y mejores ideas para evidenciarla y combatirla. Lo contrario
sería corporativismo, e incluso, encubrimiento o complicidad.
Los nombramientos judiciales de expertos o peritos, y en especial, los
de administradores judiciales (en lo que sigue se denominarán
así también a los concursales) que se imponen a personas
físicas o jurídicas, afectan al patrimonio, honorabilidad
y seguridad jurídica de numerosos afectados, sin la mínima vigilancia de fiscales y jueces ni el más mínimo control policial. La normativa
vigente, bastante parcheada con no pocos corporativismos interesados, y
las libres decisiones de los jueces, que pueden ser muy desconfiados,
intolerantes y estrictos con concursados o imputados, abogados o
peritos judiciales de partes al mismo tiempo que son amistosos hasta la
complicidad en la insolvencia punible con el administrador judicial elegido en cada caso por cada
juez, posibilitan múltiples delitos que muy pocas veces se
consiguen probar eficazmente. Lo más preocupante es que, en
muchas ocasiones, los perjudicados ni siquiera se plantean seriamente
cuestionar las acciones u omisiones de los administradores concursales.
La cifra negra de delitos judiciales, y en especial, de los
administradores judiciales, con la que la criminología
científica pretende cuantificar los delitos cometidos
efectivamente, pero nunca denunciados o insuficientemente instruidos,
es muy alta y preocupantemente creciente, porque al no haber sentencias
o resoluciones judiciales que sancionen o condenen a los
administradores judiciales, los más inmorales perfeccionan sus
métodos para lucrarse o para ejercer perversamente el enorme
poder que les ha dado un juez. En muchas ocasiones, los administradores
judiciales no son conscientes de su auténtica responsabilidad, ni conocen todas sus
obligaciones ante las insolvencias punibles. Pero también es cierto que los afectados por sus
acciones y omisiones no denuncian, y cuando lo hacen, no cuidan las
formas ni aportan las evidencias (documentos, testimonios y pericias)
con las que probar judicialmente abusos, delitos y negligencias. Si es
cierto que el administrador judicial ha cometido, por acción o
por omisión, faltas (administrativas, deontológicas, en
definitiva, profesionales) o delitos culposos o dolosos, y se prueban
los hechos correctamente, la responsabilidad civil del administrador
judicial en primer lugar, y la de la Administración de Justicia
que le nombra subsidiariamente, puede llegar a compensar mediante una
indemnización, al perjudicado por las acciones u omisiones del
Administrador Judicial.
Aunque siempre es bueno conocer todos los artículos de las leyes
que directa o indirectamente tienen algo que ver con con los
administradores judiciales (entre otras, Ley Concursal, Acuerdo del
Senado sobre la modificación de la Ley Concursal, Real Decreto
1860/2004 por el que se establece el arancel de derecho de los
administradores concursales, Proposición no de Ley de mejora de
la retribución de los administradores concursales, Ley de
Enjuiciamiento Civil. Artículos 335 a 352. Actuaciones
periciales, y en lo penal, la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal,
nada menos, que de 1882, todavía vigente), las faltas de
deontología en los códigos profesionales o de buenas
prácticas o en las responsabilidades establecidas en el
Código Civil y los más graves delitos, culposos o
dolosos, por comisión u omisión, que pueden subsumirse en
los tipos delictivos contra el Patrimonio, o contra la
Administración de Justicia, tienen siempre considerables
dificultades de prueba que justifican la contratación de un
profesional, o en ciertos casos, de más de uno con diferentes
especialidades.
Los administradores judiciales pueden ser recusados, pero para ello, es
necesario motivar al juez, y la experiencia demuestra que un perito
contratado por un interesado puede evidenciar en un informe o dictamen
(no es lo mismo porque el informe se limita a constatar mientras que el
dictamen incluye opiniones motivadas o conclusiones periciales)
aportando o referenciando documentos o testimonios relevantes en la
crítica de la administración judicial.
Así, tanto los deudores como los acreedores, pueden solicitar
servicios profesionales de vigilancia, control, y peritación
para evidenciar las acciones u omisiones, y los perjuicios que con
ellas les causen, los administradores judiciales. Obviamente, no pueden
publicarse aquí algunas técnicas de investigación
profesional que pueden ser muy eficaces para evidenciar las malas
prácticas de ciertos administradores judiciales, pero sí
que merece la pena hacer una una consulta para presupuestar los
servicios que cada caso merezcan.
Algunas noticias sobre administraciones judiciales presuntamente
delictivas, o como mínimo, controvertidas o sospechosas. La
primera noticia tiene sentido para todo el que conozca
personal profesionalmente al juez Joaquín EBILE
ENSEFUN (EL PAÍS publica su nombre como Joaquín EBILLE
NSEFUN) porque es evidente que este juez, desde que estuvo destinado en
Barcelona, se ha rodeado de economistas o auditores y administradores
judiciales que saben mucho más de los antecedentes y la
intrahistoria de su querella, que él mismo. Es realmente
sorprendente que no se haya publicado nada sobre las relaciones con
auditores y economistas forenses pero estaremos atentos a lo que pueda
ocurrir entre Barclays y la Administración de Justicia.
EL PAÍS, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 18/11/2008
La fiscalía acusa de prevaricación al juez del 'caso Banco de Valladolid'
Ordenó a Barclays pagar indebidamente 28 millones al ex dueño de la entidad
La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid ha interpuesto una
querella por "prevaricación continuada" contra el juez
Joaquín Ebille Nsefun, de 69 años. Le imputa "haber
favorecido" al ex propietario del Banco de Valladolid Domingo
López Alonso en un procedimiento civil que éste mantiene
con Barclays Bank. Los 35 folios que nutren la querella, ya presentada,
buscaban apartar a Ebille del Juzgado 4 de Madrid y de las diligencias
que tramita sobre este multimillonario pleito.
El tribunal pide más información sobre el caso y rehúsa admitir la querella
Ebille, de origen guineano, ordenó en 2003 a Barclays (que
adquirió el Banco de Valladolid hace casi 30 años, tras
ser intervenido éste, en estado ruinoso, por el Banco de
España) pagar indebidamente 28 millones de euros a López.
La Audiencia de Madrid anuló luego las diligencias practicadas
por Ebille al entender que el juez se había excedido al ordenar
ese multimillonario pago y que, además, se había apartado
de la cuestión nuclear del pleito. Para entonces, el dinero ya
estaba en el bolsillo de López, sin que el juez le hubiese
impuesto ningún aval que garantizase la devolución del
dinero. Barclays está que trina: ahora no tiene forma de
recuperar los millones ante la supuesta insolvencia de López.
La querella se presentó la semana pasada en la Sala de lo Penal
y Civil del Tribunal Superior de Madrid, a instancias del fiscal
general, Cándido Conde-Pumpido. La sala ha decidido no admitirla
a trámite de momento, si bien pedirá a Ebille que le
remita las diligencias para analizarlas. Si la hubiera admitido, Ebille
habría sido suspendido automáticamente. "Puede existir
una irregular práctica jurídica del juez, pero no mala fe
ni un ánimo de actuar injustamente a sabiendas. Tampoco se
aporta ningún dato que apunte a connivencia entre el juez y
López", señalan fuentes jurídicas, que muestran su
extrañeza porque el fiscal "intervenga en un pleito civil de
esta naturaleza". Barclays denunció hace tres años al
juez ante la Fiscalía General.
La querella describe "la errática instrucción" de Ebille
y no repara en adjetivos a la hora de descalificar su conducta. Asegura
que el juez "se ha apartado de manera sistemática de las normas
que estaba obligado a aplicar" y ha tomado decisiones perjudiciales
para Barclays en beneficio de López, al que responsabiliza de la
quiebra del Banco de Valladolid. Según la querella, Ebille, sin
una base pericial, ordenó entregar 28 millones a López
"carentes de todo fundamento", a pesar del enorme agujero
económico que tuvo que afrontar el Banco de España para
sanear el de Valladolid. Ebille fue sancionado con 1.800 euros en una
ocasión por el Poder Judicial por retrasarse en poner
sentencias, pero los últimos informes revelan que es un juez
trabajador.
López empezó de picador en una mina de León y
acabó, a finales de los ochenta, con un emporio de empresas
desde las que surgió el Banco de Valladolid. En 1978, el Banco
de España acordó su intervención. En esa
época, desaparecieron unos 6.000 millones de pesetas destinados
a reflotar el banco, pero nunca se investigó ni se
explicó el paradero del dinero. Según fuentes
jurídicas, si eso se hubiese investigado, "quizás este
rocambolesco procedimiento no habría surgido nunca". Y es que
López empezó a pleitear para que el Estado le devolviera
el dinero que supuestamente había puesto. Perdió todos
los juicios, pero siguió poniendo otros. En 1998, un juez
ordenó al Fondo de Garantía de Depósitos que
entregara a López Alonso, no dinero, sino los avales por importe
de 4.400 millones de las antiguas pesetas que supuestamente
había aportado para sanear el banco.
En marzo de 1981, Barclays compró el Banco Valladolid. Y contra
él dirigió otros pleitos. Uno cayó en manos de
Ebille, quien, según la fiscalía, en lugar de determinar
esos avales, fue más allá, los tradujo en dinero y, sin
más, ordenó a Barclays pagar los 28 millones de euros.
EL MUNDO, 05/09/2008, NANDO GARCIA
Un informe 'ad hoc' instó al juez a dejar de enviar dinero a Perú
Cataluña. Investigación a la ONG Intervida por apropiación indebida.
Un informe de un supuesto experto independiente instó al juez a
dejar de enviar dinero a Perú BARCELONA.- Un supuesto experto
independiente se encargó de elaborar un dictamen presentado ante
el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón incorporado al
primer informe semestral de la gestión de Intervida de los
administradores judiciales. En dicho informe se consideran nueve
opciones para el destino de los proyectos de Perú, Guatemala y
Bolivia. De estas soluciones, sólo una ofrece la vía de
continuidad -expresión repetida por los administradores pero que
no han llevado a cabo-, dos la ofrecen con condiciones y un total de
seis apuestan por la desaparición de los proyectos de estos
países latinoamericanos. O lo que es lo mismo, propone aniquilar
el trabajo realizado por esta ONG durante 15 años.
Lo sorprendente del autor de este informe es la relación
profesional y personal que mantiene con uno de los administradores
judiciales, a pesar de tratarse de un supuesto experto independiente.
Así pues, no es de extrañar que en sus opiniones quede
reflejada la tesis que los administradores designados por la
Generalitat a instancias de la juez de Barcelona sostuvieron
sólo una semana después de hacerse con el control de la
Fundación Intervida, en julio de 2007.
Pero es que aún hay más. En este dictamen se omite la
existencia de convenios entre Intervida y las contrapartes de los
países sudamericanos para el envío de los fondos
recaudados de los padrinos de los niños, aunque ello tampoco
debería extrañar teniendo en cuenta que los propios
administradores niegan la existencia de estos contratos.
MALLORCA DIARIO, 30 de agosto de 2008
SUSPENSIÓN DE PAGOS/ Interioridades polémicas en el 'caso Drac'
Las rocambolescas deudas de Grande
Enric Sala
PALMA.- Una vez hecha
pública la lista con los más de 700 acreedores
reconocidos por el propio Vicente Grande, a los que el promotor asume
deber 832 millones de euros, su análisis se ha convertido en el
tema del que habla el ‘todo Palma’. Sin duda, una de las
deudas más polémicas, aunque no por su cuantía,
sea la que tiene contraída con Raimundo Zaforteza. Los casi
60.000 euros que Grande reconoce deberle podrían no ser nada en
comparación con los no menos de 600.000 euros que el abogado
cobrará como administrador judicial.
La recusación de
Zaforteza, sobre la que el juez Víctor Fernández
aún no se ha pronunciado, es uno de los temas que hacen pensar a
muchos que “esto ha empezado con mal pie”. No hay que
olvidar que Zaforteza fue nombrado administrador judicial “en
calidad de acreedor”, según la documentación
judicial. Sin embargo lo que escuece es que su deuda se deba a
servicios prestados a Grande como asesor. Muchos cuestionan que una
persona que ha asesorado al presidente del Grupo Drac vaya a ser ahora
quien dictamine sobre las deudas de su “asesorado” con el
resto de acreedores.
La polémica se extiende
a otro de los administradores. El joven Jorge Sainz de Baranda, que al
igual que Zaforteza carece por completo de experiencia en la
aplicación de la Ley Concursal - ambos son dos neófitos
que se estrenan en estas lides nada menos que con la mayor
suspensión de pagos de la historia de Baleares-, ha sido
designado por el juez pese a ser responsable de autorizar la demora de
los pagos de Grande a la Administración cuando era director
general de Tributos y Recaudación. Sainz de Baranda
también ha sido recusado por una cuestión formal: le
falta un año de ejercicio para cumplir los cinco necesarios para
poder ejercer como administrador judicial. “Esto ha empezado con
muy mal pie” se comenta en la calle, donde se dice que la
principal valía de Sainz de Baranda y de Zaforteza es que ambos
“son del grupo de amigos del juez”.
Cabe destacar que el cobro de
sus minutas serán ‘preferentes’, es decir que puede
que muchos acreedores no vean un euro de sus deudas, pero los
administradores “se aseguran cobrar los primeros”. No
aparenta pues estar revestido este proceso de la asepsia necesaria y es
de dominio público la sospecha de que parece que todo
está orquestado y que lo que importa es que el beneficio
económico de los importantes honorarios de los administradores
judiciales “va a quedarse en casa”.
EL MUNDO, 18/08/2008
Absuelto de quedarse con 879.000 euros un administrador por falta de pruebas
Sevilla. Absuelto de quedarse
con 879.000 euros un administrador por falta de pruebas
SEVILLA.- La Audiencia de
Sevilla ha absuelto por falta de pruebas a un administrador judicial
que fue juzgado, junto a otras cinco personas, por apropiarse de
879.806 euros depositados en la caja fuerte de una empresa cuya
gestión le encomendó el tribunal.
La sentencia, a la que ha
tenido acceso Efe, dice que «no existe prueba directa de dicho
apoderamiento» del dinero y que «no puede descartarse la
intervención de terceras personas».
El procesado F.J.R.G.
había sido nombrado el 2 de octubre de 2003 administrador
judicial de una empresa de acero inoxidable de Alcalá de
Guadaíra, lo que provocó el cese de su propietario, que
«abandonó las instalaciones sin entregar al nuevo
administrador las llaves».
Al día siguiente, el
administrador, a quien acompañaba su padre y también
acusado L.R.G., que además era hermano del propietario, dio
día libre a los trabajadores, tras manifestarles que
«necesitaba conocer el funcionamiento de la empresa».
El 6 de octubre -añade
la sentencia- el dueño de la empresa acudió al juzgado
con el dinero que adeudaba, por lo que el juez le devolvió la
propiedad y acordó el cese del administrador judicial.
Fue entonces cuando el
dueño y su letrado comprobaron que en la oficina de la empresa
«había un hueco donde antes había sido instalada
una caja fuerte», que se habían llevado con los 879.806
euros depositados en su interior, junto a otros efectos tales como un
ordenador portátil, anagramas de oro de la empresa, una
cámara de fotos y el utillaje de una máquina.
-Inventario
Por estos hechos fueron
juzgados el administrador judicial, el hermano del empresario, que
había iniciado el procedimiento judicial, y cuatro hijos suyos,
para los que la acusación particular pidió ocho
años de cárcel a cada uno.
La Fiscalía solo
imputó al administrador, para quien solicitó dos
años y medio de cárcel, pero la sentencia absuelve
libremente a todos ellos por falta de «prueba directa de dicho
apoderamiento».
Entre los elementos a favor de
los acusados, los jueces recogen que no se hizo inventario de los
bienes de la empresa, «por lo que no se puede asegurar con
certeza que el 2 de octubre estuviese la caja de seguridad y, en caso
de que estuviese, el dinero que había en su interior».
Además, no se
explicó «si había o no varias puertas» en la
empresa que permitieran entrar a su recinto, pues varios testigos
dijeron en el juicio que existían otras entradas en la parte
posterior.
Tampoco consta cuántas
personas tenían llave de las instalaciones, pues al menos la
tenían una secretaria y el vigilante, añaden los jueces.
En cuanto al dinero, la
sentencia «no entiende» el error en que incurrió el
dueño en su denuncia, pues en su primera comparecencia dijo que
en el interior de la caja fuerte había «520.000 euros
más provisiones» pero luego lo cifró en 879.806
euros.
ABC, 18/08/2008
Absuelto el administrador judicial acusado de apropiarse de 879.806 euros
ABC SEVILLA. La Audiencia de
Sevilla ha absuelto, por falta de pruebas, a un administrador judicial
que fue juzgado, junto a otras cinco personas, por apropiarse de
879.806 euros depositados en la caja fuerte de una empresa cuya
gestión le encomendó el tribunal. La sentencia de la
Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, dice que «no existe
prueba directa de apoderamiento» del dinero y que «no puede
descartarse la intervención de terceras personas». El
procesado F.J.R.G. fue nombrado el 2 de octubre de 2003 administrador
judicial de una empresa de acero inoxidable de Alcalá de
Guadaira, lo que provocó el cese de su propietario, que
«abandonó las instalaciones sin entregar al nuevo
administrador las llaves de la misma». Al día siguiente,
el administrador, a quien acompañaba su padre y también
acusado L.R.G., que además era hermano del propietario, dio
día libre a los trabajadores tras manifestarles que
«necesitaba conocer el funcionamiento de la empresa». El 6
de octubre —añade la sentencia— el dueño de
la empresa acudió al juzgado con el dinero que adeudaba, por lo
que el juez le devolvió la propiedad y acordó el cese del
administrador judicial. Fue entonces cuando el dueño y su
letrado comprobaron que en la oficina de la empresa «había
un hueco donde antes había sido instalada una caja
fuerte», que se habían llevado con los 879.806 euros
depositados en su interior, junto a otros efectos. Por estos hechos
fueron juzgados el administrador judicial, el hermano del empresario,
que había iniciado el procedimiento judicial, y cuatro hijos
suyos.
EL MUNDO, 29/07/2008
MARTA SANCHEZ ESPARZA
CORRUPCION
JUDICIAL / El TSJA investiga la participación del administrador
en la presunta extorsión al dueño del hotel Puente Romano
/ Un amigo del juez exigió al empresario 6 millones para
levantar medidas cautelares El juez Urquía asignó un
millón al año al administrador judicial del 'caso
Hidalgo'
Andalucía.
Corrupción. Caso Malaya. El TSJA investiga si el juez
Urquía pagó un millón de euros al administrador
judicial del caso Hidalgo
MALAGA.- El ex titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco
Javier de Urquía, controlaba la gestión de las empresas
intervenidas en las diligencias abiertas tras la operación
Hidalgo -la mayor de todas las desplegadas en la Costa del Sol contra
el blanqueo de capitales- a través de un administrador judicial
para quien el magistrado asignó unos honorarios anuales de un
millón de euros, es decir, de más de 83.000 euros
mensuales.
La Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga
ahora si De Urquía utilizó a dicho administrador judicial
en un presunto plan ideado para extorsionar al propietario del hotel
Puente Romano de Marbella, a cambio de entre 5,6 y 8 millones de euros
en una cuenta en Suiza.
El presunto plan -en el que se
investiga también la participación del propietario de la
discoteca de Marbella 'Olivia Valere', Arnaud Fabrice, y del editor de
la revista de lujo Social Life, Igor Mier-, consistía en exigir
al empresario de Puente Romano, imputado en las diligencias del caso
Hidalgo, el pago de las cantidades antes mencionadas a cambio del
levantamiento de los embargos y otras medidas cautelares ordenadas
sobre sus empresas por el propio juez De Urquía, primer
instructor de dichas diligencias.
Las sociedades del propietario
de Puente Romano, que se convirtió en testigo protegido de la
Guardia Civil, se encontraban intervenidas desde abril de 2007, lo que
perjudicaba varias operaciones de venta que los dueños de las
empresas querían acometer en septiembre de ese mismo año,
según la documentación que obra en poder de la Sala de lo
Penal del TSJA, y a la que ha tenido acceso EL MUNDO de
Andalucía.
Según figura en los
nueve tomos de material probatorio remitido al TSJA desde el Juzgado de
Instrucción número 11 de Málaga, el editor Igor
Mier se entrevistó personalmente entre mayo y octubre de 2007
con un representante del grupo de empresas de David Shamoon, para
prometerle el levantamiento de las medidas cautelares que
impedían la venta de sus compañías, a cambio de
5,6 millones de euros a depositar en Suiza o Praga, cantidad que
más adelante se incrementó hasta los 8 millones de euros,
para rebajarla de nuevo a 6 millones de euros en uno de los
últimos encuentros.
Tras una de esas citas,
vigiladas por agentes de la Guardia Civil, Igor Mier remitió
sendos mensajes de texto desde su teléfono móvil al juez
Francisco Javier de Urquía y a su amigo Arnaud Fabrice con la
palabra «OK».
De manera simultánea,
durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2007, la Guardia
Civil intervino diversas conversaciones telefónicas entre el
magistrado, el empresario Arnaud Fabrice y el editor, de las que parece
deducirse la participación de todos ellos en la presunta
operación de extorsión.
Por aquel entonces, el juez De
Urquía había sido relevado al frente del Juzgado de
Instrucción número 2 de Marbella debido a su
imputación en las primeras diligencias abiertas contra él
por el TSJA, por el presunto cobro de 73.800 euros del ex asesor
urbanístico Juan Antonio Roca a cambio de resoluciones
judiciales favorables.
Aunque apartado del caso, el
juez Urquía esperaba ser restablecido en sus funciones en unos
meses, y mientras se mantenía al tanto de lo que sucedía
en su juzgado a través de una de las funcionarias, a la que
telefoneaba y mandaba mensajes SMS, y con la que se citaba con cierta
periodicidad.
Pero para el éxito de
dicha operación era clave el trabajo del administrador judicial,
que debería permitir a petición del juez determinadas
operaciones de las sociedades vinculadas al propietario de Puente
Romano. De hecho, el propio Igor Mier llegó a manifestar al
empresario en uno de los encuentros que «él haría
que el administrador de la empresa firmara ese tipo de
operación», según uno de los autos remitidos al
TSJA por el juez de Instrucción número 11 de
Málaga, que inició las investigaciones.
En una de las conversaciones
telefónicas intervenidas, coincidiendo en el tiempo con las
propuestas de Igor Mier, el administrador judicial designado por
Urquía, Alfonso L-P. L., habla con una tercera persona de la
sociedad Nonante -sobre la que el dueño de Puente Romano
había pedido el levantamiento de medidas cautelares-, y asegura
que «hay cinco ventas más para solicitar», agregando
que «éso me lo han dicho, lo que pasa es que, bueno, a
mí ellos de momento me tienen que proponer a mí, yo lo
tengo que visar de alguna manera...».
Cuatro días más
tarde, el mismo administrador judicial hablaba con un tal Diego sobre
la misma sociedad Nonante, asegurando que en su escrito al Juzgado
sobre la compañía quería «puntualizar
algunas cosas». Semanas después, en otra
conversación telefónica el administrador afirmaba que
estaba «detrás de que autoricen lo de Nonantes»,
aunque puntualizando que no dependía de él y que llevaba
«mucho tiempo» detrás de aquéllo. En una
tercera charla telefónica sobre el asunto, el administrador
investigado expone que ha referido la situación de la empresa
Nonantes al nuevo juez encargado de las diligencias, y que era
él quien debía ahora decidir.
APOYO
-La Audiencia anuló el nombramiento
El nombramiento de Alfonso
L-P. L. como administrador judicial de las empresas intervenidas a
raíz de la 'operación Hidalgo' fue dejado sin efecto
posteriormente por la Audiencia de Málaga, cuya Sala Segunda
emitió un auto anulando la designación efectuada en su
día por el juez De Urquía.
En uno de los autos remitidos
al TSJA por el juez de Málaga que detectó la trama,
éste asegura que de la documentación aportada por la
Policía Judicial y derivada de las diligencias por la
operación 'Hidalgo' «se desprenden las presuntas
irregularidades en la constitución de la administración
judicial».
El juez mantiene que estas
irregularidades «pretendían ser la excusa para obtener el
dinero que se exigía al testigo protegido», ya que incluso
consta en los documentos cómo la deuda tributaria de las
empresas intervenidas podía cuantificarse provisionalmente,
«y por tanto era más acertado exigir la caución o
consignación en metálico, o embargar bienes que imponer
una desproporcionada medida cautelar consistente en la
administración judicial».
Los gastos derivados de dicha
administración judicial, encomendada por De Urquía al
mencionado Alfonso L-P-L., «ya de por sí no pueden
considerarse sino como desproporcionados», según el auto
del juez de Málaga, ya que, según subraya,
alcanzarían al año la astronómica cifra de un
millón de euros, es decir, más de 83.000 euros al mes.
Bajo la responsabilidad del
administrador nombrado por el juez De Urquía figuraba una
veintena de sociedades intervenidas en la instrucción del 'caso
Hidalgo', entre ellas el despacho de abogados Cruz Conde, los hoteles
Puente Romano y Marbella Club y dos empresas petroleras.
EL MUNDO, 29/07/2008
MARTA SANCHEZ ESPARZA
-Urquía
asignó un millón al año al administrador del 'caso
Hidalgo' El tribunal sospecha que el funcionario fue clave para que el
juez pudiese seguir controlando las empresas intervenidas
después de ser apartado
MALAGA.- El ex titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella Francisco
Javier de Urquía controlaba la gestión de las empresas
intervenidas en las diligencias abiertas tras la operación
Hidalgo -la mayor de todas las desplegadas en la Costa del Sol contra
el blanqueo de capitales- a través de un administrador judicial
para el que el magistrado asignó unos honorarios anuales de un
millón de euros. Es decir, de más de 83.000 euros
mensuales.
El Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) investiga ahora si Urquía
utilizó de algún modo a dicho administrador judicial en
un plan para extorsionar al propietario del hotel Puente Romano de
Marbella, David Shamoon, a cambio de entre 5,6 y ocho millones de euros
en una cuenta en Suiza.
El presunto plan -en el que se
investiga también la participación del propietario de la
discoteca de Marbella Olivia Valere, Arnaud Fabrice, y del editor de la
revista de lujo Social Life, Igor Mier- consistía en exigir al
empresario de Puente Romano, imputado en las diligencias del caso
Hidalgo, el pago de las cantidades antes mencionadas a cambio del
levantamiento de los embargos y otras medidas cautelares ordenadas
sobre sus empresas por el propio juez Urquía, primer instructor
de dichas diligencias.
Las sociedades del propietario
de Puente Romano, que se convirtió en testigo protegido de la
Guardia Civil, se encontraban intervenidas desde abril de 2007, lo que
perjudicaba varias operaciones de venta que los dueños
querían acometer en septiembre de ese mismo año.
Según figura en los
nueve tomos de material probatorio remitido al TSJA desde el Juzgado de
Instrucción número 11 de Málaga, el editor Igor
Mier se entrevistó personalmente entre mayo y octubre de 2007
con un representante del grupo de empresas de David Shamoon para
prometerle el levantamiento de las medidas cautelares que
impedían la venta de sus compañías, a cambio de
5,6 millones de euros a depositar en Suiza o Praga, cantidad que
más adelante se incrementó hasta los ocho millones de
euros, para rebajarla de nuevo a seis millones de euros en uno de los
últimos encuentros.
Tras una de esas citas,
vigiladas por agentes de la Guardia Civil, Igor Mier remitió
sendos mensajes de texto desde su teléfono móvil al juez
Francisco Javier de Urquía y a su amigo Arnaud Fabrice con la
palabra OK.
De manera simultánea,
durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2007, la Guardia
Civil intervino diversas conversaciones telefónicas entre el
magistrado, el empresario Arnaud Fabrice y el editor, de las que parece
deducirse la participación de todos ellos en la presunta
operación de extorsión.
Por aquel entonces, el juez
Urquía había sido relevado al frente del Juzgado de
Instrucción número 2 de Marbella debido a su
imputación en las primeras diligencias abiertas contra él
por el TSJA por el presunto cobro de 73.800 euros del ex asesor
urbanístico Juan Antonio Roca a cambio de resoluciones
judiciales favorables.
Aunque apartado del caso, el
juez Urquía esperaba ser restablecido en sus funciones en unos
meses. Mientras, se mantenía al tanto de lo que sucedía
en su juzgado a través de una de las funcionarias, a la que
telefoneaba y enviaba mensajes SMS, y con la que se citaba con cierta
periodicidad.
Pero para el éxito de
dicha operación era clave el trabajo del administrador judicial,
que debería permitir a petición del juez determinadas
operaciones de las sociedades vinculadas al propietario de Puente
Romano.
En una de las conversaciones
telefónicas intervenidas, coincidiendo en el tiempo con las
propuestas de Igor Mier, el administrador judicial designado por
Urquía, Alfonso L-P. L., habla con una tercera persona, de la
sociedad Nonante -sobre la que el dueño de Puente Romano
había pedido el levantamiento de medidas cautelares-, y asegura
que «hay cinco ventas más para solicitar»,
agregando: «Eso me lo han dicho, lo que pasa es que, bueno, a
mí ellos de momento me tienen que proponer a mí, yo lo
tengo que visar de alguna manera...».
APOYO
-La Audiencia de Málaga revocó su nombramiento
El nombramiento de Alfonso
L-P. L. como administrador judicial de las empresas intervenidas tras
la 'operación Hidalgo' fue dejado sin efecto por la Audiencia
Provincial de Málaga, cuya Sala Segunda emitió un auto
anulando la designación efectuada en su día por el juez
Urquía.
En uno de los autos remitidos
al TSJA por el juez de Málaga que detectó la trama,
éste asegura que de la documentación aportada por la
Policía Judicial y derivada de las diligencias por la
'operación Hidalgo' «se desprenden las presuntas
irregularidades en la constitución de la administración
judicial».
El juez mantiene que estas
irregularidades «pretendían ser la excusa para obtener el
dinero que se exigía al testigo protegido».
La Opinión de Málaga, 16/05/2008
Roca dice que ha perdido 24 millones por la gestión judicial
La defensa del ex asesor de
Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca cifra en 24
millones de euros los perjuicios económicos derivados de la
"mala gestión" de los bienes intervenidos a su cliente en el
´caso Malaya´ por parte del que fue administrador judicial,
cesado el pasado febrero.
El abogado de Roca,
José Aníbal Álvarez, asegura que se están
subastando todos los bienes de su defendido porque no se han atendido
los pagos hipotecarios a los que había que hacer frente, y
anuncia que solicitará a través del juzgado que se
realice una auditoría, medida con la que se habrían
mostrado de acuerdo los actuales administradores judiciales.
Álvarez señala
que han desaparecido bienes de Roca y que el ex administrador judicial
no ha atendido tampoco distintos procedimientos judiciales en
relación con el patrimonio de su cliente, lo que ha originado
"unos perjuicios económicos" que superan los diez millones de
euros, cifra que se incluye en la cuantía inicial denunciada por
el abogado.
Indica, además, que los
bienes trabados por el juzgado de Instrucción número 5 de
Marbella están para responder de una "hipotética condena
en un futuro" de su defendido y recuerda que en el caso de que fuese
absuelto tendrían que devolverle los bienes en su mismo estado,
"cosa que no va a ocurrir" porque hay "un desfase de la cifra nada
desdeñable de 4.000 millones de pesetas".
El administrador judicial
José Luis Gallardo, que se encontraba a cargo de las sociedades
intervenidas a Roca en la ´operación Malaya´, fue
nombrado por el juez Miguel Ángel Torres, y cesó en
febrero tras presentar su renuncia al cargo por motivos personales.
Libertad provisional. Por otro
lado, la Fiscalía y las acusaciones del ´caso
Malaya´ han solicitado que se revoque el auto en el que se fijaba
una fianza de un millón de euros para que Roca saliera de
prisión, al considerar que la situación judicial del
procesado se ha agravado.
En la vistilla celebrada ayer
en la Audiencia Provincial para estudiar los recursos presentados
contra el citado auto, el fiscal anticorrupción de
Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha asegurado que se
han incrementado las posibilidades de que Roca reciba penas de
cárcel importantes en distintas causas judiciales. Este hecho se
une a la "amenaza" de ser condenado por el caso y a la pérdida
de patrimonio económico en España debido a la
intervención judicial sobre sus bienes.
EL PAÍS, 16/05/2008
FERNANDO J. PÉREZ
Roca acusa al administrador judicial de causarle un agujero de 24 millones
El cerebro del 'caso Malaya' tiene un pasivo de 120 millones en sus negocios
Málaga
La última vista sobre
la situación penitenciaria de Juan Antonio Roca arrojó
ayer luz indirecta sobre el patrimonio real del supuesto cerebro de la
trama de corrupción en Marbella (Málaga). El abogado de
Roca, Aníbal Álvarez, aseguró que 'la mala
gestión' del primer administrador judicial de los bienes del ex
asesor urbanístico le causó perjuicios económicos
de 24 millones de euros. De este desfase, 10 millones corresponden,
según Álvarez, a 'embargos por pagos hipotecarios no
atendidos y por no haberse personado el administrador en varias
demandas'.
La referencia de
Álvarez sobre el patrimonio de su cliente se produjo en la
Audiencia Provincial de Málaga, en la vista de un recurso sobre
la puesta en libertad bajo fianza de un millón de euros del ex
asesor urbanístico por el caso Malaya , y que permitió a
Roca disfrutar de diez días en la calle antes de volver a ser
encarcelado por la Audiencia Nacional por el caso Saqueo . Tanto el
fiscal como las acusaciones particulares, ejercidas por el Ayuntamiento
de Marbella y la Junta de Andalucía, negaban que Roca tenga
arraigo en Marbella -uno de los motivos que justifican la fianza-
porque 'todos sus bienes conocidos en España están
intervenidos' y nada le ata a la ciudad, lo que incrementa el riesgo de
fuga. Por ello, pedían a la Audiencia que revocara la libertad
bajo fianza y dictara otra vez prisión provisional para Roca por
el caso Malaya .
Este argumento de la
acusación fue rebatido por Álvarez con una queja sobre el
tratamiento que han recibido los bienes de Roca tras su
detención. Según el letrado, durante la
administración judicial de José Luis Gallardo 'han
desaparecido algunos bienes y otros han sido malvendidos o se
están subastando'. El abogado afirmó que los bienes
trabados por el juzgado de Instrucción número 5 de
Marbella, que lleva el caso Malaya , 'están para responder de
una hipotética condena en el futuro', y en caso de que Roca
resulte absuelto tendrían que devolverle los bienes en su mismo
estado. 'Esto no va a ocurrir, porque tenemos un desfase de la cifra
nada desdeñable de 4.000 millones de pesetas [24 millones de
euros], del que alguien deberá decir algo en su momento', dijo
Álvarez.
El anterior administrador
judicial del caso Malaya , José Luis Gallardo, fue nombrado
semanas después de arrancar la operación contra la
corrupción en Marbella en marzo de 2006 y dimitió 'por
motivos personales' el pasado mes de febrero. Su actuación fue
ampliamente criticada por los abogados de varios procesados en la
operación, que consideran que su cese se debe a 'motivos
profesionales'. Los administradores judiciales que han sustituido a
Gallardo están realizando 'una auditoría' sobre su
gestión, afirmó Álvarez.Este periódico
intentó ayer, sin éxito, contactar con el ex
administrador judicial para conocer su versión.
El juez Torres, anterior
instructor del caso Malaya, afirmó que Roca tenía un
patrimonio de 120 millones de euros, reconocido, además, por el
ex asesor. El letrado Álvarez aclaró que esa cantidad
corresponde al 'pasivo' de las empresas de Roca, y protestó
porque 'se están subastando bienes judicialmente porque el
anterior administrador no atendía a los pagos hipotecarios'.
Respecto al patrimonio
supuestamente oculto en paraisos fiscales que, según el fiscal,
justificaría mantener a Roca en prisión, Álvarez
afirmó que 'el ministerio público se mueve en 'vaguedades
e hipótesis'. 'El supuesto patrimonio en el exterior no
está localizado y por lo tanto no existe. Lo que no está
en autos no está en el mundo', recordó Álvarez. La
justicia suiza ha comunicado al actual instructor del caso Malaya,
Óscar Pérez, que Roca y sus dos hijos tienen sociedades
en Islas Vírgenes británicas y en Liechtenstein.
Finalmente, el abogado de Roca
pidió un trato para su cliente igual que para el resto de
imputados en el caso Malaya . Para ello puso como ejemplo, aunque sin
citarlo, al ex teniente de alcalde Pedro Román, que pudo salir
de prisión tras abonar 500.000 euros, a pesar de
habérsele hallado dinero en el extranjero. Roca fue trasladado
ayer a la cárcel de Alhaurín de la Torre.
EL MUNDO, 11/02/2008
CRISTINA CABALLERO
-El
administrador judicial de una filial de Fórum fue imputado en el
'caso Gescartera' Casamayor retiró 565.000 euros sin
justificación de la agencia de valores y hoy gestiona la firma
que la filatélica empleó para blanquear dinero
MADRID.- Un hecho
insólito ha establecido un nexo de unión entre dos de los
presuntos fraudes más cuantiosos de la democracia: la supuesta
estafa de Gescartera, que se saldó con un agujero de 50 millones
de euros, y la de Fórum Filatélico, en la que más
de 200.000 inversores han sido, al parecer, defraudados dejando un
déficit patrimonial de 3.400 millones de euros.
La filial de Fórum
Filatélico que sirvió, según la Fiscalía
Anticorrupción, para blanquear dinero, Grupo Unido de Proyectos
y Operaciones, ha pasado a estar administrada después de la
intervención judicial por un antiguo imputado de Gescartera. Se
trata de José Casamayor Lizarralde, a quien la juez instructora
del caso de la agencia de valores, Teresa Palacios, tomó
declaración en 2004 como imputado.
La magistrada se basaba en un
informe del Banco de España según el cual Casamayor
retiró de Gescartera un total de 565.000 euros en
metálico sin firmar recibo alguno y como rendimiento de una
supuesta inversión de 144.000 euros.
Empresa tapadera
Ahora, José Casamayor
Lizarralde es el administrador único de Grupo Unido de Proyectos
y Operaciones. Esta sociedad, filial al 100% de Fórum
Filatélico, está siendo investigada por el juez Baltasar
Garzón por ser presuntamente la tapadera de multitud de negocios
fraudulentos del prófugo José Manuel Carlos Llorca.
A través de esta
empresa, según informes de la Fiscalía
Anticorrupción, se realizaron varias operaciones
urbanísticas en Marbella y en Tenerife que ahora están
dentro del sumario de la Operación Ballena Blanca.
Tras la intervención de
Fórum y la declaración del concurso de acreedores en
2006, los administradores judiciales tomaron la determinación,
con la aprobación posterior del juez de lo mercantil
número 7 de Madrid, de nombrar a José Casamayor
administrador único de la filial, a pesar de que la
profesión que ejerce no es la de abogado ni economista, sino
ingeniero de Minas.
Fuentes de la
administración concursal aseguraron a este periódico que
«es una persona totalmente de fiar. En Gescartera, declaró
finalmente sólo como testigo y no se le puede considerar
sospechoso de nada».
Por su parte, fuentes de la
Fiscalía Anticorrupción corroboraron a este
periódico que el actual administrador de esa filial es el
antiguo imputado de Gescartera. Sin embargo, precisaron que en el
escrito de acusación del fiscal, Vicente González Mota,
no se le incluyó como acusado, y en el juicio de la sociedad de
valores, celebrado en octubre de 2007, sólo acudió como
testigo.
En el citado escrito de
acusación, se menciona que los acusados de Gescartera,
«con el dinero de todos los clientes, efectuaron disposiciones
por importe de 94,5 millones de pesetas a favor de José
Casamayor Lizarralde y la sociedad Vedica, retiradas no reflejadas en
la ficha de estos clientes sin que conste la razón de estos
pagos que tampoco tienen justificación en facturación
alguna, razón por la que en ejecución de la
responsabilidad civil deben estas cantidades aminorar las
indemnizaciones que eventualmente les correspondieran».
La sociedad Vedica sigue
estando activa, y como administradores figuran el propio José
Casmayor y su hija. Su objeto social, según el Registro
Mercantil, son actividades de contabilidad, además de la
promoción inmobiliaria. La dirección donde está
radicada acoge al menos otras dos sociedades: Prosanfer, que
también se dedica a la promoción inmobiliaria, y
Broadband Optical Access, de servicios de telecomunicaciones.
El juicio por el caso
Gescartera se inició el pasado otoño en la Casa de Campo
de Madrid y está pendiente de que los magistrados de la
Audiencia Nacional dicten sentencia.
APOYO -DOS ESCANDALOS FINANCIEROS
1. Gescartera. En verano de
2001 la CNMV interviene la agencia de valores que dirige Antonio
Camacho al detectar un 'agujero' de 100 millones de euros en sus
cuentas.
2. Afectados. Unos 2.000 personas se quedaron sin unas inversiones valoradas, en su conjunto, en unos 50 millones de euros.
3. Fórum y Afinsa. En
mayo de 2006, la Audiencia Nacional intervino las dos sociedades, que
prometían un rentas muy superiores a las del mercado a
través de inversiones en sellos.
4. Afectados. Unos 350.000 pequeños inversores han perdido sus ahorros y reclaman que el Estado los indemnice.
EXPANSIÓN, 20/11/2007
El administrador judicial no tiene derecho al premio por notificar un fallecimiento intestado
El Supremo considera que
ejercer determinadas funciones públicas o tener una
relación profesional o personal con el fallecido excluye de
cobrar dicha recompensa.
LA LEY. Madrid
El Tribunal Supremo ha
desestimado el recurso interpuesto contra una sentencia del TSJ de
Aragón que denegaba a un administrador judicial el derecho a
cobrar el premio por denuncia de un fallecimiento intestado.
Tal como previene el
artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, el
nombramiento aceptado de administrador aunque no se haya tomado
posesión ya produce determinados efectos, como lo son la entrega
de la correspondencia relativa a los bienes del causante al
administrador, quien adquiere ya por virtud de su cargo conocimiento de
la situación económica y patrimonial del fallecido. Y si
bien todavía no puede ejercer su cargo en el sentido de actuar
ad extra de forma jurídicamente eficaz como administrador de los
bienes, si queda ya obligado a actuar a cualquier otro efecto como
administrador colaborador del juzgado en defensa e interés de
los bienes del causante que ha de administrar.
En ese sentido, señala
la resolución que no cabe duda de que ya queda bajo el
ámbito de aplicación del artículo 2 del Decreto
2091/1971 sobre la regulación administrativa de la
sucesión intestada a favor del Estado, que obliga a una serie de
sujetos, entre ellos al administrador del fallecido, a comunicar el
fallecimiento intestado a Hacienda.
Según la Sala no tiene
razón la actora cuando argumenta que el artículo 2 se
refiere exclusivamente al administrador en vida, precisión o
distinción que no está en el texto del Decreto. En
opinión de los magistrados, el sentido de dicho precepto es
claro, y es imponer la obligación de comunicar a Hacienda la
sucesión intestada de cualquier fallecido a quienes puedan
conocer dicha circunstancia en razón de su cargo, y para ello
resulta indiferente que se trate del administrador en vida o de un
administrador judicial post mortem.
Sin sentido
Para la Sala es evidente que
'no tendría sentido otorgar premio alguno a las personas que,
por ejercer determinadas funciones públicas o encontrarse en una
determinada relación personal o profesional con el fallecido,
tienen la obligación legal estipulada en el artículo 2
del Decreto 2091/1971 de comunicar a Hacienda la sucesión
intestada de una persona, circunstancia que han conocido precisamente
por razón de su cargo como lo es un administrador judicial o de
la relación con el fallecido contemplada en la ley'.
Para la Sala no tiene sentido premiar algo a lo que se tiene obligación por razón del cargo
EXPANSIÓN, 21/07/2006
La empresa acusa al administrador de no pagar a la Seguridad Social
José Luis Plaza,
abogado defensor de los antiguos administradores de Afinsa, y Rafael
Noguero, actual interventor de la compañía, acusaron ayer
al administrador judicial, Javier Grávalos, de dejar de pagar
las cuotas de los empleados del grupo a la Seguridad Social 'para
permitir que la Agencia Tributaria pueda presentarse como acreedora al
concurso'. 'Lo que en 20 años no había hecho la
compañía, lo está haciendo el administrador para
dejar que la Agencia Tributaria sea juez y parte', señaló
Plaza en una rueda de prensa en la que se habló de un nuevo
informe del administrador judicial nombrado por la Audiencia Nacional
para la compañía.
En éste, que fue
entregado el pasado 14 de julio al Juzgado Central de
Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se recoge
un inventario provisional de sellos, que fija un valor de
tasación de 2.128,39 millones de euros, basándose en una
muestra aleatoria de sellos de los diferentes lotes en propiedad de la
compañía sometidos a la supervisión de un experto
independiente; y tomando como referencia, el precio de catálogo,
y, en otros, su valoración a precio de coste.
Según Plaza, esta
tasación contradice las acusaciones de que existiera 'un agujero
patrimonial en Afinsa' al que no se pudiera hacer frente. La
Fiscalía fijaba en su querella que éste ascendía a
1.780 millones de euros a finales de 2004, 'por lo que los más
de 2.200 millones en sellos cubrirían ese supuesto agujero',
dijo Plaza.
En una comparecencia ante el
juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que sustituye al
juez Pedraz durante sus vacaciones, Grávalos, que fue destituido
el pasado 17 de junio para agilizar el concurso de insolvencia que se
tramita por vía mercantil, matizó que la
información contenida en el citado informe fue elaborado 'por el
propio sistema informático de Afinsa, y no ha sido objeto de
comprobación por parte del administrador judicial'.
Según él, 'esto
no supone en ningún caso rectificar ni modificar los aspectos
relativos a la situación patrimonial de Afinsa', cuyos sellos,
según Grávalos, deben ser tasados por expertos
independientes designados por la Audiencia. Por otra parte, Afinsa
entregó ayer un avance del plan de viabilidad que prepara y un
recurso contra el nombramiento de la Agencia Tributaria como
administrador concursal.
La compañía ha
recurrido el nombramiento de la Agencia Tributaria como parte en la
administración concursal
INFORMACIÓN, 24/06/2005
M. ALARCÓN
El administrador judicial ingresa en prisión sin fianza por malversación
El acusado declara que invirtió 240.000 euros en crear una empresa y otros 300.000 están como garantía real
M. ALARCÓN
El magistrado Francisco
Sanchís, titular del juzgado de Instrucción 3 de Elche,
ordenó el martes por la tarde el ingreso en prisión sin
fianza del administrador judicial, E. M. G., quien se ha declarado
autor de una malversación de caudales públicos que
ascendería a 540.000 euros (90 millones de pesetas), que eran
propiedad de una empresa del sector de la construcción de Elche
que había sido intervenida tras las discrepancias entre sus dos
socios, que se habían cruzado querellas en los juzgados
ilicitanos.
Como ya publicó ayer el
diario, el interventor judicial se presentó el martes en los
juzgados solicitando una entrevista con el juez que lo nombró
para reconocer estos hechos, así como que habría alterado
resultados contables de los libros de cuentas, por lo cual
también se le imputaría un segundo delito de falsedad
documental. En esta entrevista se habría hecho acompañar
de un abogado de su confianza que le está asesorando.
El juzgado, de forma
inmediata, procedió a revocar todas las autorizaciones dadas en
su día para que esta persona pudiera intervenir en las cuentas
de la mercantil, lo cual se reflejó en el envío de
diligencias a cajas de ahorro y bancos. Al mismo tiempo, se dio cuenta
a la Fiscalía de lo ocurrido. Además, el juzgado
tendrá que nombrar un nuevo administrador judicial e intentar
conocer la cuantía exacta del dinero defraudado, algo que
tendrá que realizarse dentro del proceso penal que se ha abierto
en el juzgado de Instrucción 3 de Elche.
En la declaración de E.
M. G. del martes habría asegurado que el destino de parte del
dinero -concretamente de 240.000 euros- habría sido para
constituir una empresa. Dicha inversión, al parecer, no
habría funcionado de forma conveniente dejando un saldo deudor.
Otros 300.000 euros los habría dado como garantía real en
otra operación mercantil particular. Al parecer, en su
testifical habría asegurado sufrir una enfermedad bipolar como
única justificación.
El juzgado de
Instrucción quiere instruir con la mayor rapidez este asunto por
las repercusiones que tiene y por el hecho de que se trataba de un
profesional nombrado por otro juzgado para actuar en nombre de la
Administración de Justicia; es decir, un cargo de confianza. De
hecho, ayer comenzó a llegar al juzgado parte de la
documentación sobre las cuentas de la sociedad.
LA GACETA, 23/09/2002
Sobre la retribución del administrador judicial
LAS empresas españolas
contarán próximamente con una nueva regulación en
materia concursal que promete mejorar la gestión de las
situaciones de iliquidez, insolvencia y quiebra empresarial en nuestro
país. El Proyecto de Ley, actualmente en pleno proceso de
tramitación en el Parlamento, superará en muchos aspectos
a la normativa actual. No obstante, en materia de retribución de
la Administración Judicial, entendemos que se debería de
hacer un mayor esfuerzo, intentando homogeneizar el sistema de
retribución a aquél recogido en la legislación
concursal de otros países de la Unión Europea, con el fin
de aunar tanto una situación beneficiosa para la concursa con el
trato equitativo al Administrador por el trabajo realizado.
La nueva regulación
debería contemplar procedimientos para garantizar que existan
fondos suficientes para remunerar al Administrador. La preferencia
absoluta de sus honorarios, frente a todo tipo de deudas, incluyendo
las del Estado, nos parece una propuesta adecuada para asegurar una
correcta actuación del administrador.
Los profesionales que
actúen en los órganos del concurso no deberían
asumir riesgos de cobro por sus servicios a llevar a cabo, por lo que
sus derechos deberían ser satisfechos con anterioridad a
cualesquiera otros que pudieran concurrir en el procedimiento. Es, por
tanto recomendable la creación de un fondo general
autónomo para retribuir a los Administradores por la
realización del trabajo autorizado por el Juez, en el caso de
que no hubiese fondos suficientes en la concursa.
La remuneración que el
Administrador vaya a percibir por su trabajo debería ser
justamente fijada por el Juez del concurso, cobrando siempre en
función de la dificultad del procedimiento y no sólo en
función de las cifras del balance de la compañía
en situación de concurso. De esta manera se suprimiría la
forma propuesta en el Proyecto de Ley Concursal, de división de
la remuneración entre los tres Administradores (Abogado 40%,
Auditor 40% y Acreedor 20%) por una retribución basada en el
esfuerzo y la dificultad de la labor cumplida, que entendemos supone
una fórmula más justa para los Administradores
participantes y las empresas.
EL PAÍS, 03/10/2008
Las quiebras en la construcción empantanan los juzgados mercantiles
Se dispara el número de familias que se acogen a procesos concursales
'Nos sentimos como si tratáramos de beber agua de la manguera de
un bombero', afirma Sanjuán, perteneciente a la primera
promoción de jueces especializados en derecho mercantil.
Además de los 150 procesos concursales, en el juzgado de lo
Mercantil 1 (y único) de Málaga se han presentado este
año 328 procedimientos por otras materias, como demandas civiles
de competencia desleal, transporte, condiciones de contratos o
arbitraje.
Este volumen de entradas duplica a Sevilla y triplica a Cádiz,
las provincias con mayor litigiosidad. 'Málaga es la provincia
que más empresas crea y destruye. Sin embargo, mientras los
juzgados de Cádiz y Sevilla tienen nueve funcionarios, nosotros
sólo tenemos siete, y dos de ellos son de apoyo', se queja el
magistrado. Sanjuán considera 'urgente' la creación de
uno o dos juzgados mercantiles en la provincia para paliar el 'colapso
abismal' de su sede. Hasta el 24 de septiembre han entrado en el
juzgado 6.463 escritos, frente a los 3.963 del mismo periodo de 2007.
'Estamos sometiendo a los funcionarios a un auténtico mobbing ',
afirma.
Sanjuán se ha reunido en busca de ayuda con la nueva delegada de
Justicia en Málaga, Blanca Sillero, y con el delegado de
Economía, Enrique Benítez. 'Soportamos la carga de cinco
juzgados en uno solo y eso afecta actualmente a 195 empresas vivas,
inmersas en concursos. El buen funcionamiento del juzgado afecta
directamente a la economía. Un concurso debería
tramitarse completamente en unos dos años y con este colapso
tardamos de tres a cinco, y subiendo', asegura.
De momento, el magistrado sólo ha recibido buenas palabras: 'La
única explicación que me dan para no reforzar el juzgado
es que no hay dinero'. En los próximos días, los jueces
mercantiles de Málaga, Sevilla y Cádiz, tienen previsto
emitir un comunicado para protestar por la falta de recursos de sus
juzgados. El Colegio de Abogados de Málaga y el PP
también han reclamado la apertura de dos nuevas sedes.
Aproximadamente el 50% de los concursos que empantanan el juzgado
mercantil malagueño pertenecen a empresas dedicadas a la
construcción y sus derivados. Normalmente predominan las
pequeñas y medianas empresas, con una media de cuarenta
empleados y un pasivo declarado de entre cinco y 40 millones de euros.
La situación previsiblemente se agravará en los
próximos meses. El presidente de la Asociación de
Constructores y Promotores, José Prado, auguró un
'parón generalizado' a partir de noviembre. El mismo
diagnóstico de 'paro absoluto' en el sector del ladrillo hace el
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga, Jerónimo Pérez Casero.
El proceso concursal es un procedimiento enormemente complejo que
incluye, entre otras, nombrar un administrador judicial, tramitar las
acciones civiles que se tomen contra el patrimonio del concursado,
gestionar los contratos de trabajo de la empresa, la ejecución
de sentencias y las medidas cautelares que afecten al patrimonio de la
empresa en suspensión de pagos. El tiempo transcurrido entre la
presentación del concurso de acreedores por parte de la empresa
debido a falta de liquidez o solvencia y su declaración por el
juez es vital. 'La ley dice que debemos declararla en el mismo
día o al siguiente, y eso es imposible dada la carga de
trabajo', afirma Sanjuán, que ha escrito artículos sobre
la organización de la oficina judicial mercantil, que data de
1870, y que ahora se encuentra enfrascado en redactar un libro
técnico sobre los concursos en promotoras y constructoras.
Además de complicado, acogerse a la ley concursal es bastante
caro. 'La publicación obligatoria en el Boletín Oficial
del Estado y en un diario de tirada nacional cuesta unos 4.000 euros,
que pueden elevarse a 9.000 en el caso de las anotaciones en el
Registro Mercantil, en el caso de las empresas de mayor tamaño',
calcula el magistrado, que prevé tener ocupados todos los fines
de semana hasta diciembre.
A pesar de lo costoso que resulta, 16 familias malagueñas se han
acogido a la ley concursal y se han declarado en suspensión de
pago de sus deudas. El hecho de que personas físicas recurrieran
a esta medida era algo anecdótico hasta ahora -en 2007
sólo lo pidieron dos familias-, pero las peticiones se han
disparado. El proceso concursal se cierra bien cuando la persona
física o jurídica que lo presenta logra un acuerdo para
el pago de la deuda, mediante un convenio que fija cantidades y plazos,
o bien mediante la liquidación de los activos y su reparto entre
los acreedores.
Ver también Acusaciones y falsas acusaciones de INSOLVENCIA PUNIBLE
ERE Expediente de Regulación de Empleo
plan de viabilidad
denuncias falsas
extorsiones
tráfico de influencias
negociaciones prohibidas
cohecho
malversación
prevaricación
estafas
APROPIACIONES INDEBIDAS
INSOLVENCIAS PUNIBLES
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ADMINISTRADORES JUDICIALES
Una investigación criminológica muy necesaria