EXPEDIENTE N.º: EXP202401869
Documento de oposición formal, análisis pericial y denuncia de irregularidades graves
Documento fundamental impugnado: https://cita.es/aepd-ayuntamiento-veterinaria-propuesta-multa.pdf
Alegaciones previas: https://cita.es/aepd-slapp-municipal-amplia-firmado.pdf · https://www.miguelgallardo.es/aepd-slapp-municipal-amplia.pdf
D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, con NIF 07212602D, en su propio nombre y derecho y en representación de la Asociación APEDANICA, comparece ante la Subdirección General de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y, como mejor proceda en Derecho, FORMULA ALEGACIONES DE OPOSICIÓN, ANÁLISIS PERICIAL Y DENUNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES contra la Propuesta de Resolución Sancionadora dictada en el expediente EXP202401869, notificada con fecha 10 de septiembre de 2026.
La Propuesta de Resolución, firmada por la Inspectora/Instructora D.ª Sara Arróniz Ibáñez de Opacua, pretende imponer una sanción de multa de 18.000 euros (10.000 € por infracción del artículo 5.1.b) del RGPD y 8.000 € por infracción del artículo 5.1.c) del RGPD) al denunciante, por la publicación en el sitio web www.miguelgallardo.es de documentos que contienen datos personales de una funcionaria pública municipal.
El presente escrito demuestra que la Propuesta de Resolución adolece de vicios de nulidad radical de pleno derecho, se basa en hechos falsos o manifiestamente erróneos, contiene omisiones jurídicas graves, vulnera derechos fundamentales del denunciante y presenta indicios objetivos de automatización algorítmica y uso de inteligencia artificial generativa no supervisada por humanos, lo que contamina todo el procedimiento.
El presente procedimiento sancionador es la consecuencia directa de un conflicto de origen municipal que se remonta al año 2018, cuando el denunciante, vecino del Ayuntamiento de Madrid, se vio obligado a denunciar ante múltiples instancias los insoportables ladridos patológicos de un perro perteneciente a un vecino. La funcionaria municipal D.ª María Luz Polo Morales, Jefa de Sección de Control de Alimentos de Origen Animal y Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, fue la responsable de tramitar dichas denuncias y, según documentación aportada, incurrió en dejación de funciones y lenidad, ignorando los atestados de la Policía Municipal y las denuncias del denunciante.
La funcionaria, en lugar de atender las denuncias ciudadanas, utilizó los recursos públicos municipales para interponer demandas judiciales contra el denunciante y, posteriormente, presentó una reclamación ante la AEPD por la publicación de sus datos personales en el sitio web del denunciante.
Con fecha 8 de diciembre de 2023, la funcionaria municipal interpuso reclamación ante la AEPD contra el denunciante. El 8 de marzo de 2024, la AEPD admitió a trámite la reclamación. El 2 de octubre de 2025, la Presidencia de la AEPD acordó iniciar procedimiento sancionador contra el denunciante por presuntas infracciones del artículo 5.1.b) y 5.1.c) del RGPD.
El denunciante presentó escrito de oposición al acuerdo de inicio, publicado en https://cita.es/aepd-slapp-municipal-amplia-firmado.pdf, en el que denunció la naturaleza SLAPP del procedimiento, la falta de reclamación previa, la indefensión material y la colusión entre la AEPD y el Ayuntamiento de Madrid.
Con fecha 16 de diciembre de 2025, la AEPD remitió al denunciante copia completa del expediente, integrado por 2.758 páginas, concediendo únicamente cinco días adicionales para formular alegaciones, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho de defensa.
La Propuesta de Resolución sostiene, en su página 1, que la publicación del emplazamiento judicial vulnera la privacidad y el domicilio de la funcionaria reclamante:
«En concreto, la parte reclamante manifiesta la publicación... constando el nombre, apellidos, firma manuscrita y dirección de correo electrónico de la reclamante.»
La realidad fáctica, acreditada documentalmente, es que el domicilio, teléfono y datos de contacto que figuran en el emplazamiento judicial pertenecen en exclusiva a D. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, no a la funcionaria reclamante. La funcionaria únicamente figura citada con su nombre profesional y dirección institucional corporativa del Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de sus funciones públicas.
La AEPD ha construido toda la imputación sobre un hecho falso y de contenido imposible: atribuir al denunciante la publicación de datos personales que, en realidad, son suyos. Este error fáctico determinante constituye un vicio de nulidad radical de pleno derecho conforme al artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015, al sustentarse en un hecho de contenido imposible, y vulnera el deber de veracidad fáctica exigido por el artículo 35.1 de la Ley 39/2015.
La Propuesta de Resolución imputa al denunciante la falta de anonimización de documentos que provienen directamente de traslados oficiales de la propia AEPD o del Juzgado. El denunciante no puede asumir la carga de anonimizar actos administrativos o judiciales cuya emisión y traslado fueron efectuados originariamente por los órganos de la Administración Pública o judicial.
Si la AEPD o el Juzgado remitieron documentos sin la debida anonimización, la responsabilidad del tratamiento recae en dichos órganos, no en el ciudadano que los recibe y publica en ejercicio de su derecho de defensa y libertad de información. La AEPD omite deliberadamente examinar la cadena de custodia documental y traslada al denunciante una responsabilidad que no le corresponde.
La Propuesta de Resolución afirma que la funcionaria reclamante es una funcionaria pública de nivel jerárquico inferior, sin capacidad decisoria y sin notoriedad pública, por lo que sus datos personales no tienen relevancia pública. Sin embargo, la propia AEPD reconoce en el documento que la funcionaria es Jefa de Sección de Control de Alimentos de Origen Animal y Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, un puesto que conlleva el ejercicio de potestades administrativas de inspección, control y sanción en materia de protección animal, un ámbito de evidente interés público y con implicaciones directas en el bienestar animal y la seguridad alimentaria.
La funcionaria ostenta un cargo de responsabilidad en la Administración municipal, ejerce funciones públicas de inspección y sanción, y sus actuaciones y omisiones en el ejercicio de dichas funciones son, por definición, materia de interés general y de relevancia pública, tal como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional (STC 58/2018, de 4 de junio).
La Propuesta de Resolución afirma que las publicaciones del denunciante acusan a la funcionaria de delitos de prevaricación o corrupción sin que exista sentencia condenatoria firme que lo confirme. Sin embargo, el denunciante no ha imputado delitos a la funcionaria, sino que ha ejercido su derecho a la libertad de información y denuncia, publicando documentación oficial y veraz sobre irregularidades administrativas, tal como ampara el artículo 20 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La AEPD confunde el derecho de crítica y denuncia con la imputación de delitos, y exige al denunciante un estándar probatorio (sentencia condenatoria firme) que la propia jurisprudencia constitucional no exige para el ejercicio del derecho a la libertad de información sobre asuntos de interés público.
La Propuesta de Resolución ignora por completo la aplicabilidad de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937.
El artículo 38 de la Ley 2/2023 establece que las personas que comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en dicha ley «no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha comunicación o revelación pública», incluyendo las obligaciones legales de sigilo, siempre que existan motivos razonables para la comunicación.
El denunciante ha actuado en todo momento como informante de irregularidades administrativas graves cometidas por funcionarios públicos municipales, y sus publicaciones están amparadas por dicha ley. La AEPD, al sancionar al denunciante, está desprotegiendo al informante y contraviniendo la normativa europea de protección de denunciantes.
La Propuesta de Resolución omite toda referencia a la Directiva (UE) 2024/1069 anti-SLAPP, que tiene como objetivo proteger a periodistas, activistas, investigadores y ciudadanos que participan en el debate público frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas que buscan silenciarlos.
El procedimiento EXP202401869 presenta todos los elementos característicos de una acción SLAPP administrativa:
La Directiva (UE) 2024/1069, aunque acotada formalmente a procesos civiles transfronterizos, establece un marco de principios que debe informar la actuación de las autoridades administrativas de los Estados miembros. La AEPD, al amparar esta SLAPP administrativa, vulnera el espíritu y la finalidad del marco europeo anti-SLAPP.
La Propuesta de Resolución reconoce que el expediente completo fue remitido al denunciante el 16 de diciembre de 2025 y recibido el 17 de diciembre de 2025, concediendo únicamente cinco días adicionales para formular alegaciones. El expediente consta de 2.758 páginas, lo que hace materialmente imposible su análisis exhaustivo en un plazo tan exiguo.
Esta actuación vulnera:
La AEPD intenta justificar la inexistencia de indefensión material, pero la realidad es que el denunciante ha sido situado en una posición de clara inferioridad procesal frente a la Administración, que dispone de todos los medios personales y materiales para analizar el expediente.
La Propuesta de Resolución reconoce expresamente que el denunciante es «una persona física, que actúa en este caso como particular, fuera del tráfico mercantil». Sin embargo, impone una multa de 18.000 euros, basándose en una acumulación de agravantes que no se individualizan ni cuantifican adecuadamente.
El artículo 83.1 del RGPD exige que la multa sea, en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, y el artículo 83.2 obliga a valorar las circunstancias particulares del caso. La AEPD se limita a enumerar agravantes genéricos (intencionalidad difamatoria, antecedentes, categorías de datos) sin justificar por qué esos agravantes producen exactamente una sanción de 18.000 euros ni cómo se ha aplicado el principio de proporcionalidad a una persona física.
El artículo 47.1.c) de la Ley 39/2015 establece la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos «cuando su contenido sea imposible». La Propuesta de Resolución incurre en este vicio al imputar al denunciante la publicación de datos personales que, en realidad, son suyos, y al atribuirle responsabilidades sobre documentos cuya anonimización correspondía a la propia Administración.
La AEPD ha tramitado el procedimiento sancionador sin exigir la reclamación previa al responsable web, omitiendo el trámite esencial previsto en el artículo 65 de la LOPDGDD. Asimismo, ha ignorado la aplicabilidad de la Ley 2/2023 y del marco anti-SLAPP, prescindiendo de normas jurídicas imperativas que debían regir el procedimiento.
La sanción propuesta constituye un ejercicio abusivo del derecho y una manifiesta desviación de poder con efecto amedrentador (SLAPP), violando el derecho fundamental a la libertad de información y denuncia del artículo 20 de la Constitución Española, así como el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho a una buena administración, que comprende el trato imparcial, equitativo y dentro de un plazo razonable, así como el derecho a ser oído y la obligación de motivación. La AEPD ha vulnerado todos estos principios:
El Tribunal de Cuentas ha reprochado reiteradamente a la AEPD que se financie con el dinero de sus propias multas, incumpliendo las recomendaciones de los ejercicios 2016 y 2017. Este modelo de autofinanciación genera un conflicto de interés estructural que compromete la imparcialidad objetiva de la Agencia, tal como ha señalado el TJUE en su Sentencia C-518/07 (Comisión c. Alemania).
La AEPD es el único regulador independiente que convierte sus sanciones en recursos propios, lo que crea un incentivo económico perverso para incrementar el número y la cuantía de las multas, en lugar de proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos.
El análisis forense del texto de la Propuesta de Resolución revela indicios objetivos y verificables de que el documento no ha sido redactado íntegramente por un funcionario humano, sino que ha sido generado o asistido mediante herramientas de automatización documental o inteligencia artificial generativa.
En la página 8 de la Propuesta de Resolución, dentro del razonamiento destinado a negar la indefensión del denunciante, aparece literalmente el siguiente texto:
«Todos los actos del procedimiento... fueron notificados conforme a derecho al interesado mediante [medio: correo certificado, notificación electrónica, etc.], tal como acreditan los certificados de notificación adjuntos (Anexo I).»
La presencia de corchetes con variables de programación sin purgar ([medio: correo certificado, notificación electrónica, etc.]) es un hallazgo extraordinariamente grave, porque demuestra que:
En la página 24, al analizar la intencionalidad del denunciante, la Propuesta afirma:
«La intencionalidad... la conciencia y voluntad de persona publicar en su sitio web...»
La frase carece de concordancia gramatical y es sintácticamente incorrecta («de persona publicar»). Este tipo de error es incompatible con una redacción profesional revisada y sugiere sustitución automática de variables, ensamblaje de textos o generación mediante modelos de lenguaje sin supervisión humana.
La Propuesta reproduce de forma clónica y redundante los mismos párrafos de justificación de la multa en las páginas 18 y 21:
«multa administrativa... individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, conforme a lo establecido en el artículo 83.1 del RGPD».
Esta reiteración de «tokens ancla» es característica de los modelos generativos de lenguaje, que tienden a repetir frases de alta probabilidad estadística para inflar la apariencia de fundamentación legal.
La Propuesta de Resolución incluye un índice cronológico aséptico al final del documento, pero no conecta las 2.758 páginas del expediente con los hechos imputados, ni individualiza las pruebas, ni explica cómo se han valorado las alegaciones del denunciante. Esta desconexión entre el volumen del expediente y la superficialidad del análisis es típica de procesos de extracción automática de datos sin revisión humana sustancial.
La AEPD publicó el 27 de noviembre de 2025 su Política general interna para el uso de IA generativa en procesos administrativos, convirtiéndose en la primera institución del sector público en adoptar un marco formal para la implementación y gobernanza de estos sistemas. La Política contempla expresamente como caso de uso:
«Asistencia en la redacción de resoluciones, informes o guías técnicas».
Y establece como requisitos obligatorios:
La existencia de esta Política interna refuerza la obligación de la AEPD de explicar y documentar si la Propuesta de Resolución EXP202401869 fue elaborada mediante redacción humana íntegra, plantilla documental, automatización, IA generativa o combinación de dichos sistemas.
Conforme a lo expuesto, se formula el siguiente REQUERIMIENTO FORMAL DE ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO, al amparo del artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, el artículo 41 de la Ley 40/2015, el artículo 22 del RGPD y la Política General para el Uso de IA Generativa de la AEPD:
| N.º | Solicitud | Fundamento legal |
|---|---|---|
| 1 | Que se reconozca expresamente si la Propuesta de Resolución fue elaborada mediante redacción humana íntegra, plantilla documental, automatización, RPA, IA generativa o combinación de dichos sistemas. | Art. 41 Ley 40/2015; Política IAG AEPD |
| 2 | Que se identifiquen todas las herramientas informáticas que hayan intervenido materialmente en su elaboración, revisión, síntesis, extracción de datos o generación de borradores. | Art. 41 Ley 40/2015 |
| 3 | Que se identifique el correspondiente caso de uso interno de IA, si existiera, conforme a la Política General para el Uso de IA Generativa de la AEPD. | Política IAG AEPD |
| 4 | Que se identifiquen nominalmente el responsable funcional, el responsable técnico y la persona funcionaria que realizó la revisión humana final del documento. | Art. 41 Ley 40/2015; Política IAG AEPD |
| 5 | Que se aporte o certifique la trazabilidad de las versiones de la Propuesta hasta su versión definitiva, incluyendo borradores, versiones intermedias y registros de actividad. | Art. 41 Ley 40/2015; Art. 35 Ley 39/2015 |
| 6 | Que se explique documentalmente la procedencia del párrafo de la página 8 que contiene literalmente «[medio: correo certificado, notificación electrónica, etc.]» y se indique qué medio concreto de notificación fue efectivamente utilizado. | Art. 35 Ley 39/2015; Art. 53.1.a) Ley 39/2015 |
| 7 | Que se explique cómo pudo incorporarse dicho marcador de plantilla a una propuesta oficial de resolución sin ser detectado ni corregido, y quién es el responsable de dicha omisión. | Art. 35 Ley 39/2015 |
| 8 | Que se certifique si se conservaron registros de actividad, logs, metadatos, versiones o historial de edición relacionados con la elaboración de la Propuesta. | Art. 41 Ley 40/2015 |
| 9 | Que se identifique qué persona funcionaria verificó individualmente los hechos, pruebas, citas jurisprudenciales, agravantes y cuantificación económica de la sanción. | Art. 35 Ley 39/2015 |
| 10 | Que se incorpore al expediente la política interna de IA aplicable en la fecha de elaboración de la Propuesta y la documentación correspondiente al caso de uso, si lo hubiera. | Política IAG AEPD |
| 11 | Que, mientras no se esclarezca esta cuestión, no se otorgue valor probatorio autónomo a aquellos extremos de la Propuesta cuya procedencia, individualización o revisión humana no haya podido ser acreditada. | Art. 53.1.a) Ley 39/2015 |
El análisis del expediente EXP202401869 y del comportamiento institucional de la AEPD revela indicios racionales de la comisión de diversos delitos por parte de funcionarios públicos de la Agencia, que deben ser puestos en conocimiento de la Fiscalía y de los órganos competentes:
La elaboración de una Propuesta de Resolución Sancionadora basada en hechos falsos, con errores materiales determinantes y sin motivación individualizada, dictada a sabiendas de su injusticia, puede ser constitutiva de prevaricación administrativa. La constatación de que la AEPD imputa al denunciante la publicación de datos que son suyos, y que omite deliberadamente la aplicabilidad de la Ley 2/2023, evidencia un actuar consciente y contrario a Derecho.
La utilización de la potestad sancionadora de la AEPD para amparar una SLAPP administrativa promovida por una funcionaria municipal, con el objetivo de silenciar al denunciante que publica información veraz sobre irregularidades públicas, constituye una desviación de poder y un abuso de autoridad.
La AEPD, al ignorar las múltiples denuncias y alegaciones del denunciante sobre la colusión entre funcionarios municipales y la propia Agencia, y al no trasladar los indicios de delitos a la Fiscalía, podría estar incurriendo en omisión del deber de perseguir delitos y en encubrimiento.
La existencia de funcionarios de la AEPD vinculados a sociedades mercantiles de gestión reputacional (como Miguel Ángel Orea Malo, administrador único de ISILTASUNA SL, y Ángel Carralero Fernández, vinculado a Legal Eraser SL) genera indicios de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, que deben ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
El modelo de autofinanciación de la AEPD mediante multas propias, contrario a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, podría constituir un supuesto de malversación de caudales públicos y de aplicación privada de fondos públicos, al distraer ingresos que deberían corresponder al Tesoro Público.
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
Que se tenga por invocada la Directiva (UE) 2024/1069 anti-SLAPP y la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de denunciantes, a los efectos de que la AEPD se pronuncie expresamente sobre su aplicabilidad o inaplicabilidad al presente procedimiento.
Que se tenga por ofrecida prueba documental consistente en todos los enlaces y documentos publicados en cita.es y miguelgallardo.es, a los efectos de acreditar las irregularidades denunciadas y la naturaleza SLAPP del procedimiento.
Dr. (PhD) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz
Perito Judicial Especialista en Ingeniería Forense e INFORMATOSCOPIA NOTARIAL
Presidente de APEDANICA
Madrid, a 10 de septiembre de 2026