Informe Pericial de Imputabilidad Penal y Deontológica
Jefaturas de Geriatría del SERMAS y Protocolos de Exclusión Asistencial
Referencias normativas y doctrinales: Art. 24 CP (funcionario público), Art. 28 CP (autoría mediata), Art. 43 CE (derecho a la salud), Art. 511 CP (denegación discriminatoria de prestación sanitaria), Art. 11, 195 y 138/142 CP (omisión del deber de socorro y homicidio por omisión).
Código de Deontología Médica: cita.es/codigo/medicos.pdf (arts. 6, 10, 16, 22, 26.1, 27, 28, 29, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71).
Análisis integrado con: Morirán de forma indigna (Alberto Reyero, 2022) · El Crispavirus (Ernesto Ekaizer, 2020).
1. Resumen Ejecutivo y Contexto Metodológico
El presente informe constituye un metapertitaje forense, penal y deontológico sobre la responsabilidad de las jefaturas de Geriatría del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con especial atención al Dr. José Antonio Serra Rexach, en la elaboración, validación, difusión y aplicación de los denominados "protocolos de exclusión asistencial" durante la primera ola de la pandemia COVID‑19 en la Comunidad de Madrid.
El análisis se fundamenta en el documento base cita.es/protocolos-covid-juzgados/, en las obras Morirán de forma indigna (Alberto Reyero) y El Crispavirus (Ernesto Ekaizer), así como en el Código de Deontología Médica, los autos judiciales y las comparecencias parlamentarias disponibles.
El informe está dirigido a la Fiscalía del Estado, a los Juzgados de Instrucción competentes y a los Colegios de Médicos, con el fin de orientar la investigación hacia la autoría mediata, la prevaricación organizativa, la denegación discriminatoria de prestaciones sanitarias (Art. 511 CP) y la omisión del deber de socorro (Arts. 11, 195 y 138/142 CP), así como para instar la apertura de expedientes deontológicos por la vulneración de los principios éticos fundamentales de la profesión médica.
2. Análisis Hermenéutico y Policiológico Forense
La obra de Alberto Reyero, Morirán de forma indigna, y la de Ernesto Ekaizer, El Crispavirus, constituyen dos bitácoras forenses indubitadas que documentan la instrumentalización de las instituciones sanitarias y la alteración de las trazas lógicas de las comunicaciones (correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, protocolos digitalizados) para ocultar la discriminación asistencial y la negligencia institucional.
Desde la perspectiva de la Informatoscopia Notarial y la Policiología Forense de APEDANICA, se identifican los siguientes bloques de actuación que configuran el modus operandi de la administración regional y de los mandos médicos:
- La elaboración y aplicación de protocolos de exclusión sanitaria (los "protocolos de la vergüenza"), firmados digitalmente por el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur de Víu, que establecían criterios de exclusión de derivación hospitalaria basados en escalas de dependencia (Barthel, GDS) y discapacidad, en contra de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
- La opacidad y la asimetría informativa en la gestión de los datos de mortalidad y de los expedientes clínicos de los residentes, que permitió a la presidenta y al consejero de Sanidad negar la existencia de los protocolos, calificándolos de "borradores" o "filtraciones" cuando fueron descubiertos.
- La campaña de intoxicación mediática dirigida a desviar la responsabilidad hacia el consejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero) y hacia el Gobierno central (especialmente hacia Pablo Iglesias), utilizando medios afines y fuentes anónimas para construir un relato falso de "negligencia" de Ciudadanos.
- La instrumentalización de los recursos públicos (como el hospital de campaña de Ifema) con fines propagandísticos, mientras se negaba a los residentes el acceso a la atención hospitalaria y se vaciaba de personal sanitario a las residencias.
El texto demuestra cómo la ingeniería jurídica creativa, la filtración de trazas informáticas y el uso de la acción popular como ariete político constituyen la infraestructura operativa de la conspiración, un método que se retroalimenta de la inacción y la pasividad de los poderes fácticos.
3. Reenfoque Dogmático: El Geriatra Público como Funcionario y Garante
3.1. El concepto funcional de funcionario público (Art. 24 CP)
El artículo 24 del Código Penal adopta un concepto funcional de funcionario público, comprendiendo a quien participa por disposición inmediata de la Ley o por nombramiento de autoridad competente en el ejercicio de funciones públicas. Un jefe de servicio de geriatría de un hospital público del SERMAS ejerce potestades públicas asistenciales, organizativas y directivas que trascienden el mero ejercicio privado de la medicina.
Elementos que determinan su condición de funcionario público a efectos penales:
- Organización del servicio: Distribuye recursos humanos (adjuntos, residentes) y materiales (camas, pruebas diagnósticas).
- Dirección jerárquica: Emite instrucciones vinculantes a los médicos de su servicio, establece turnos y protocolos internos.
- Coordinación asistencial: Participa en la Mesa de Apoyo al SERMAS y en la red de "geriatras de enlace", fijando criterios homogéneos de derivación.
- Intervención en el acceso a prestaciones: Su criterio, directa o indirectamente, determina si un paciente institucionalizado accede o no a la atención hospitalaria pública.
Jurisprudencia de apoyo: El Tribunal Supremo ha reiterado que el concepto de funcionario público se extiende a todo aquel que ejerce funciones públicas, aunque su vínculo con la Administración sea estatutario o laboral, siempre que participe en el ejercicio de potestades administrativas (STS 26/06/2018, STS 17/01/2020).
3.2. La posición de garante y la comisión por omisión (Art. 11 CP)
Desde la dogmática penal resulta especialmente relevante la denominada posición de garante. El jefe de un servicio de geriatría no responde únicamente por los actos que realiza personalmente. También responde, en determinadas circunstancias, por la organización del servicio cuya dirección ostenta y por la omisión de impedir la producción de un resultado lesivo cuando tiene el deber jurídico de evitarlo.
Deberes específicos del jefe de servicio como garante:
- Instruir: Dar órdenes claras y éticamente adecuadas a los adjuntos y residentes sobre el manejo de los pacientes.
- Supervisar: Controlar la correcta aplicación de los protocolos y, en caso de detectar irregularidades, corregirlas.
- Informar: Trasladar a la cadena de mando (Dirección Médica, Gerencia, Consejería) cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la salud de los pacientes, especialmente la falta de medicalización real de las residencias.
- Advertir: Formular objeciones técnicas y éticas ante la aplicación de criterios que considera discriminatorios o letales.
- Actuar: Si la organización no responde, adoptar medidas alternativas para garantizar la atención sanitaria de los pacientes (derivación a otros centros, contacto con urgencias, etc.).
La omisión organizativa (mantener en el tiempo la vigencia de protocolos discriminatorios, no supervisar las llamadas de enlace, no exigir la medicalización efectiva de las residencias) puede ser equiparada a la causación activa del resultado (Art. 11 CP) si concurren los requisitos de la posición de garante y la equivalencia de la omisión con la causación.
3.3. Autoría mediata por dominio de la organización (Art. 28 CP)
Si los mandos de Geriatría articularon, validaron o permitieron la aplicación de "filtros de enlace" telefónicos obligatorios que denegaban sistemáticamente la derivación hospitalaria basados en baremos de dependencia (Índice de Barthel, GDS/FAST), ejercieron un control funcional que derivó en la exclusión sanitaria de ancianos institucionalizados.
Este control no requiere que cada decisión de rechazo fuera adoptada personalmente por el jefe de servicio. Basta con que la organización que dirigía —el servicio de geriatría— operara bajo criterios que él aprobó, toleró o no corrigió, sabiendo que su aplicación produciría un resultado fatal para los pacientes más vulnerables.
Elementos de la autoría mediata en este contexto:
- Dominio de la organización: El jefe de servicio controla la estructura jerárquica y funcional del servicio; los geriatras de enlace y los residentes actúan como instrumentos de su voluntad organizativa.
- Conocimiento y voluntad: El jefe de servicio conoce la aplicación de los criterios restrictivos y los mantiene, asumiendo la producción de los resultados lesivos.
- Error vencible de los ejecutores: Los médicos de enlace pueden creer que aplican criterios clínicos válidos, pero el jefe de servicio sabe que esos criterios son discriminatorios y no están justificados por una verdadera medicalización alternativa.
La doctrina de la autoría mediata en aparatos organizados de poder (Roxin) es aplicable a las estructuras jerárquicas de la sanidad pública cuando el superior ordena o permite la comisión de hechos delictivos a través de subordinados que actúan como engranajes de un sistema.
3.4. Dolo organizativo y prevaricación (Art. 404 CP)
La prevaricación (Art. 404 CP) consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. En el contexto de los protocolos de exclusión, los jefes de servicio que participaron en su elaboración, validación o aplicación consciente pueden incurrir en este delito si se acredita que:
- Conocían que los criterios de exclusión (Barthel, GDS) discriminaban a las personas por razón de discapacidad o dependencia, en contra del Art. 14 CE y del Art. 511 CP.
- Sabían que las residencias no estaban medicalizadas (alertas de Alberto Reyero, correos de Carlos Mur) y que, por tanto, la denegación de derivación equivalía a una condena a muerte sin asistencia.
- No obstante, mantuvieron y aplicaron los protocolos, sin formular objeciones escritas o sin exigir su modificación.
El dolo organizativo se configura cuando el jefe de servicio, conociendo la situación real y la injusticia de los criterios, no actúa para corregirla, permitiendo que el sistema siga produciendo exclusiones mortales. Este dolo puede ser directo (si busca el resultado) o eventual (si acepta la probabilidad del resultado).
4. Análisis Deontológico: Vulneración del Código de Deontología Médica
El Código de Deontología Médica (en adelante CDM), aprobado por la Organización Médica Colegial, establece los principios éticos y las normas de conducta que deben regir la profesión médica. La conducta de los jefes de servicio de geriatría y de los geriatras de enlace en la aplicación de los protocolos de exclusión, tal como se desprende de los hechos documentados, vulnera de forma flagrante múltiples preceptos deontológicos.
4.1. Principios generales y derechos de los pacientes
- Art. 6 CDM: "El médico debe respetar la vida humana y la dignidad de la persona". La denegación sistemática de atención hospitalaria basada en criterios de dependencia y deterioro cognitivo supone una vulneración de la dignidad intrínseca de los ancianos, tratándolos como vidas de menor valor.
- Art. 10 CDM: "El médico tiene el deber de procurar la mejor asistencia posible al enfermo, proporcionándole los medios disponibles". La falta de medicalización real de las residencias y la denegación de la derivación hospitalaria privaron a los residentes de la asistencia que les correspondía dentro del sistema público de salud.
- Art. 16 CDM: "El médico no debe abandonar al enfermo ni desatenderlo". El abandono de miles de ancianos en residencias sin atención médica, sin derivación hospitalaria y sin cuidados paliativos adecuados constituye una grave infracción de este deber fundamental.
4.2. Deber de información y consentimiento
- Art. 22 CDM: "El médico debe informar al paciente o a sus familiares de manera veraz, comprensible y adecuada". La falta de transparencia sobre los criterios de exclusión y la ausencia de información a las familias sobre la denegación de derivaciones (que el propio libro de Reyero documenta) vulnera este derecho.
- Art. 26.1 CDM: "El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente sobre las opciones clínicas". La imposición de un filtro automático que excluye a los ancianos sin una valoración individualizada y sin ofrecer alternativas anula la autonomía de los pacientes y sus familias.
4.3. Deber deontológico de denuncia y objeción
- Art. 27 CDM: "El médico debe denunciar ante el Colegio o la autoridad competente aquellas situaciones que atenten contra la dignidad o los derechos de los pacientes". Los jefes de servicio que conocían la situación de desamparo y no la denunciaron (ni siquiera internamente) incumplieron este deber.
- Art. 28 CDM: "El médico tiene el derecho y el deber de objetar éticamente aquellas instrucciones que considere contrarias a la ética médica". La ausencia de objeciones documentadas por parte de la jefatura de geriatría (cuando sí las formuló el consejero Reyero) es un indicio grave de aquiescencia con la injusticia.
4.4. Justicia distributiva y no discriminación
- Art. 29 CDM: "El médico debe ejercer su profesión con respeto a la justicia distributiva, evitando cualquier discriminación por razón de edad, discapacidad o cualquier otra condición". Los protocolos de exclusión, basados en escalas de dependencia (Barthel) y deterioro cognitivo (GDS), son discriminatorios por razón de discapacidad y edad, en contradicción con este precepto.
- Art. 34 CDM: "El médico no debe participar en prácticas que supongan un trato desigual o discriminatorio". La aplicación del triaje eugenésico, que excluye a las personas con mayor dependencia, es una práctica discriminatoria y contraria a la ética médica.
4.5. Relación con otros profesionales y administración
- Art. 36 CDM: "El médico debe mantener relaciones de respeto y colaboración con los demás profesionales sanitarios". La ruptura de la coordinación sociosanitaria (entre Sanidad y Políticas Sociales) documentada por Reyero refleja una falta de colaboración que agravó la situación de los pacientes.
- Art. 39 CDM: "El médico debe informar a la administración sanitaria de las carencias que observa". Los jefes de servicio que conocían la falta de medicalización y no lo comunicaron formalmente a la Consejería incumplieron este deber.
4.6. Investigación y docencia
- Art. 40 CDM: "La investigación médica debe respetar la dignidad y los derechos de los sujetos". Si los protocolos de exclusión se basaron en estudios o publicaciones científicas que no respetaron estos principios, los autores pueden incurrir en responsabilidad deontológica.
4.7. Consecuencias deontológicas
La vulneración de estos preceptos del Código de Deontología Médica constituye una infracción grave (Art. 68 CDM) que puede dar lugar a la incoación de un expediente disciplinario por parte del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), con posibles sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de la profesión.
APEDANICA ha instado formalmente al ICOMEM a que revise su inacción y abra los expedientes deontológicos correspondientes contra el Dr. Serra Rexach y otros geriatras implicados, por la vulneración de los deberes deontológicos y la falta de denuncia de las condiciones que provocaron la muerte indigna de miles de ancianos.
5. José Antonio Serra Rexach: Paradigma Institucional y Triple Condición de Responsabilidad
El Dr. José Antonio Serra Rexach constituye un paradigma institucional de la cadena de mando geriátrica en el SERMAS, por concurrir en su persona tres condiciones de responsabilidad que le sitúan en una posición de autoridad y garante de primer orden:
- Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (SERMAS): Responsable jerárquico y organizativo de la atención geriátrica en uno de los hospitales públicos de referencia de la Comunidad de Madrid. Como jefe de servicio, tenía el deber de supervisar la actuación de sus adjuntos, residentes y geriatras de enlace, así como de asegurar que los protocolos de derivación se aplicaran con criterios éticos y clínicos adecuados.
- Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM): Investido de autoridad académica y científica, sus publicaciones y posicionamientos doctrinales tienen influencia sobre la práctica clínica y la formación de nuevos especialistas. Su participación en grupos de investigación en fragilidad y envejecimiento (CIBER‑FES / IiSGM) le otorga un peso específico en la justificación científica del triaje.
- Asesor o referente de la Consejería de Sanidad: Aunque no se acredita un cargo formal de asesoría directa, su posición como jefe de uno de los servicios de geriatría más relevantes de la región, su participación en la Mesa de Apoyo al SERMAS y su relación con la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria le otorgaban una influencia determinante en la elaboración de los protocolos y su aplicación práctica.
5.1. El "Kilómetro Cero": Primera víctima en el Gregorio Marañón
El texto de Morirán de forma indigna (pág. 22) fija formalmente el 3 de marzo de 2020 como el hito del primer fallecimiento verificado por COVID‑19 en la red residencial de la Comunidad de Madrid: una mujer de 99 años procedente de la Residencia de Mayores La Paz que falleció en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Este hecho sitúa al Servicio de Geriatría del Gregorio Marañón —bajo la dirección del Dr. Serra Rexach— en el epicentro temporal de la crisis. La transmisión comunitaria ya estaba activa en las residencias asignadas a su hospital antes de que se emitieran los protocolos escritos de exclusión (18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020).
Valor pericial: La jefatura de geriatría conocía o debía conocer la circulación del virus en su red de residencias. A pesar de ello, permitió la aplicación de filtros de rechazo sin garantizar la medicalización efectiva de los centros, lo que constituye una omisión consciente de su deber de garantizar la atención sanitaria a los pacientes más vulnerables. El servicio dispuso de 15 días de ventaja antes del colapso totalizado de mediados de marzo para diseñar circuitos de evacuación o exigir la medicalización. No hacerlo y adoptar después los protocolos restrictivos denota una omisión consciente del deber de garantía.
5.2. Participación en la red de "geriatras de enlace" y validación de los protocolos
Según las declaraciones de Carlos Mur de Víu ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y ante los juzgados, los protocolos de exclusión fueron elaborados y consensuados con los jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños, incluyendo el Gregorio Marañón.
Uno de los nombres mencionados en las declaraciones judiciales es el de la Dra. María Teresa Vidán Astiz (geriatra del Gregorio Marañón), quien ha sido citada como investigada en al menos un juzgado de Arganda del Rey por su papel en la elaboración y aplicación de los criterios de exclusión. Serra Rexach, como jefe del servicio, era el responsable jerárquico de Vidán y de los demás geriatras de enlace, y su supervisión y autorización de los criterios aplicados es objeto de investigación.
5.3. Conflictos de interés y publicaciones científicas
El Dr. Serra Rexach ha participado en publicaciones científicas y en grupos de investigación sobre fragilidad y envejecimiento. Algunas de estas publicaciones (o las de su equipo) podrían haber servido para justificar científicamente los criterios de triaje basados en escalas de dependencia y deterioro cognitivo. La instrucción debería investigar si existió:
- Financiación de dichos estudios por parte de la Consejería de Sanidad, entidades privadas o sociedades científicas.
- Vínculos con laboratorios farmacéuticos o empresas sanitarias que pudieran tener interés en la limitación del acceso hospitalario.
- Participación en comités de ética o de gestión de recursos que aprobaron los protocolos.
6. Cadena Jerárquica y Mapa de Responsabilidades Individualizadas
Para una imputación individualizada, la instrucción debe reconstruir la cadena jerárquica y las competencias de cada eslabón. Se propone el siguiente organigrama operativo descendente, con identificación de los responsables conocidos y las preguntas que deben responderse en cada nivel:
| Nivel | Responsable (conocido) | Competencias / Funciones | Cuestiones a investigar |
|---|
| Consejería de Sanidad | Enrique Ruiz Escudero | Dirección política y estratégica; aprobación del Plan de Acción del 12 de marzo; mando único sanitario. | ¿Conocía los protocolos de exclusión? ¿Los aprobó? ¿Recibió las advertencias de Reyero y Mur? |
| Viceconsejería de Asistencia Sanitaria | Ana Dávila | Coordinación del SERMAS y de la red hospitalaria; supervisión de la medicalización. | ¿Participó en la Mesa de Apoyo al SERMAS? ¿Conocía la falta de medicalización? |
| Dirección General de Coordinación Sociosanitaria | Carlos Mur de Víu | Elaboración y firma digital de los protocolos; coordinación con residencias. | ¿Quién le ordenó redactar los protocolos? ¿Quién los validó? ¿Conocía su carácter discriminatorio? |
| Gerencia del SERMAS | Alberto Pardo | Dirección ejecutiva del SERMAS; gestión de recursos hospitalarios. | ¿Participó en las decisiones de triaje? ¿Autorizó la creación de la red de geriatras de enlace? |
| Dirección Médica del Hospital Gregorio Marañón | Dr. [nombre no especificado] | Supervisión clínica y organizativa del hospital; coordinación con la Jefatura de Servicio. | ¿Conocía los criterios de derivación aplicados por los geriatras de enlace? ¿Los supervisó? |
| Jefatura del Servicio de Geriatría (Gregorio Marañón) | Dr. José Antonio Serra Rexach | Organización, supervisión y validación de la actuación de los geriatras de enlace; elaboración de protocolos internos. | ¿Aprobó los criterios de exclusión? ¿Supervisó las llamadas de enlace? ¿Formuló objeciones? ¿Informó a la Dirección Médica? |
| Jefaturas de Sección de Geriatría | Dra. María Teresa Vidán Astiz, Dr. Francisco Javier Ortiz Alonso, Dra. Victoria de la Cruz (entre otros) | Coordinación de los geriatras de enlace; participación en las reuniones de la Mesa de Apoyo. | ¿Participaron en la redacción de los protocolos? ¿Aplicaron los criterios de exclusión? ¿Formularon objeciones? |
| Geriatras de enlace (adjuntos y residentes) | [Colectivo] | Recepción de llamadas de residencias, aplicación de los filtros de derivación, comunicación de rechazos. | ¿Recibieron instrucciones escritas o verbales de las jefaturas? ¿Disponían de autonomía clínica? |
| Residencias (centros sociosanitarios) | Direcciones de residencias y personal sanitario | Solicitud de derivación hospitalaria, atención a los pacientes. | ¿Recibieron los protocolos? ¿Qué respuesta obtuvieron al solicitar derivaciones? |
| Pacientes / Víctimas | Ancianos institucionalizados (más de 7.000 fallecidos sin derivación) | Derecho a la protección de la salud y a la no discriminación. | ¿Cuántos de ellos fueron rechazados por aplicación de los criterios de exclusión? |
7. Cronología Documentada Minuto a Minuto
La siguiente cronología recoge los hechos clave documentados en las fuentes, incluyendo Morirán de forma indigna, El Crispavirus, correos electrónicos y comparecencias, con el fin de fijar el conocimiento progresivo de la situación y la previsibilidad del resultado.
Febrero 2020
- 24 de febrero: El Ministerio de Sanidad aprueba el primer protocolo de actuación frente al coronavirus.
- 25 de febrero: Primer caso confirmado en la Comunidad de Madrid (joven de 24 años viajero de Italia).
- 27 de febrero: La Consejería de Políticas Sociales distribuye el procedimiento de actuación adaptado a residencias.
Marzo 2020
- 3 de marzo: Primera víctima oficial en residencias de Madrid: Mujer de 99 años de la Residencia La Paz fallece en el Hospital Gregorio Marañón. Este es el hito de previsibilidad que sitúa al Servicio de Geriatría en el epicentro de la crisis.
- 4 de marzo: Alberto Reyero recibe la notificación del fallecimiento. Se detecta el primer contagio en la residencia La Paz.
- 9 de marzo: La Comunidad de Madrid cierra los colegios. Reyero se reúne con patronales y sindicatos.
- 10 de marzo: El SUMMA 112 da instrucciones verbales de no recoger a personas de residencias (testimonio de fuente fiable, recogido en el libro de Reyero).
- 11 de marzo: La OMS declara la pandemia global. Reunión secreta en Sol (Ayuso, Escudero, Lasquetty, Miguel Ángel Rodríguez y Antonio Burgueño) donde se diseña el "Plan de 270 medidas", que nunca se documenta formalmente.
- 12 de marzo: El consejero de Sanidad anuncia el Plan de Acción contra el coronavirus, que incluye la medicalización de las residencias y el mando único sanitario.
- 13 de marzo: Primera reunión de geriatras para elaborar los protocolos de derivación (según declaraciones de Carlos Mur).
- 14 de marzo: Se declara el estado de alarma (RD 463/2020).
- 15 de marzo: El fisioterapeuta de Monte Hermoso denuncia en Twitter que llevan desde el 7 de marzo con un foco y que no se producen derivaciones hospitalarias.
- 17 de marzo: La residencia Monte Hermoso se convierte en el primer foco masivo de contagios (17 fallecidos).
- 18 de marzo: Primera versión del protocolo de exclusión (firmada digitalmente por Carlos Mur). Se establecen los primeros criterios de exclusión basados en Barthel y GDS.
- 19 de marzo: Pablo Iglesias anuncia un fondo de 300 millones para residencias.
- 20 de marzo: Segunda versión del protocolo. Carlos Mur envía un correo a sus superiores (con copia a Escudero) advirtiendo de que la medicalización de las residencias es "irrealizable" y que no desea tener en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables.
- 21 de marzo: Reyero se entera de la existencia del protocolo en la AMAS. Envía correos a Escudero y Mur alertando de la discriminación y de la falta de medicalización.
- 22 de marzo: Reyero envía dos correos electrónicos a Escudero y Mur: uno a las 9:06 y otro a las 14:18, advirtiendo de las consecuencias letales de los protocolos y de la necesidad de medicalizar las residencias.
- 24 de marzo: Tercera versión del protocolo. Se mantienen los criterios de exclusión, aunque se suaviza la redacción.
- 25 de marzo: Cuarta y última versión del protocolo. Reyero solicita en el Consejo de Gobierno telemático 50 médicos y 50 enfermeros para las residencias. La respuesta es la indiferencia ("Les da igual"). La versión final del protocolo modifica algunos parámetros, pero mantiene la esencia discriminatoria.
- 26 de marzo: La presidenta Ayuso anuncia el "plan de choque" para residencias, pero el titular de Okdiario ("Ayuso aparta a Cs") desvía la atención. Reyero publica los datos de fallecidos en residencias (1.130 fallecidos hasta esa fecha).
- 31 de marzo: Reyero envía una carta a Escudero insistiendo en la falta de medicalización y en la discriminación de los protocolos.
Abril 2020
- 11 de abril: Reyero envía una segunda carta a Escudero, detallando las alternativas de otras CCAA (Andalucía, Valencia) y advirtiendo de que "en lugar de enviar médicos, enviáis listados".
- 21 de abril: Reyero comparece ante la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea y reconoce que en el pico de la crisis se produjeron muy pocas derivaciones de residencias a hospitales.
- 27 de abril: Se publica la primera noticia sobre la "operación bicho" (Encarnación Burgueño).
Mayo 2020
- 7 de mayo: Dimite Yolanda Fuentes, directora de Salud Pública, por discrepancias en la desescalada.
- 13 de mayo: El Consejo de Gobierno cesa a Carlos Mur de Víu, firmante de los protocolos.
- 18 de mayo: El Confidencial publica un parte de alta del Hospital Infanta Cristina de Parla que confirma la existencia de órdenes de rechazar a ancianos de residencias.
- 26 de mayo: InfoLibre publica el primer documento que prueba los "criterios de exclusión" de Ayuso.
- 27 de mayo: InfoLibre reproduce íntegramente el protocolo de exclusión.
Junio 2020 y posteriores
- 1 de junio: Reyero comparece en la Asamblea y califica los protocolos de "no éticos y posiblemente ilegales".
- 4 de junio: Ruiz Escudero admite en el pleno que se envió un "borrador por error", contradiciendo la versión de Mur.
- 5 de junio: Reyero filtra los correos electrónicos a El País, demostrando sus advertencias previas.
- 15 de junio: El País publica la carta de Reyero a Amnistía Internacional.
- 2021-2023: Declaraciones judiciales de Carlos Mur y otros testigos, ampliando las contradicciones y evidencias.
8. Contradicciones Institucionales: Carlos Mur de Víu vs. Enrique Ruiz Escudero
La integración del cruce de declaraciones entre la cúpula política y la cúpula técnica desmonta la tesis de la "improvisación asistencial" o el "borrador enviado por error" e introduce indicios cualificados de conocimiento y asunción de consecuencias (dolo eventual / prevaricación organizativa).
| Fuente / Hito | Tesis Oficial / Político-Administrativa (Ruiz Escudero / Ayuso) | Testimonio y Prueba Documental (Carlos Mur de Víu) | Impacto Penológico y Probatorio |
|---|
| Naturaleza del Documento | Borrador sin efecto: En el Pleno de la Asamblea de Madrid (4/06/2020), se sostuvo que las versiones limitativas eran borradores "enviados por error" sin validez ejecutiva. | Estrategia Vinculante: Declaró en la Comisión de Investigación (2021) y sede judicial (2023/2025) que eran instrucciones técnicas oficiales coordinadas y distribuidas masivamente. | Desmonta el "error material" y prueba la existencia de un acto administrativo de exclusión plenamente consciente. |
| Conocimiento de la Cúpula | Desconocimiento jerárquico: Se atribuyó la redacción inicial a iniciativas aisladas de mandos intermedios y geriatras de enlace. | Conocimiento Superior Directo: Acreditó que Escudero conocía la estrategia, que hablaba "diariamente" con la cúpula y que se enmarcaba en el Plan del 12 de marzo. | Extiende la cadena de mando y la posición de garante hacia los escalones superiores de la Consejería. |
| Viabilidad de la Medicalización | Compromiso Institucional: Se anunció públicamente la medicalización efectiva e integral de las residencias como alternativa al traslado hospitalario. | Advertencia Expresa de Inviabilidad: Correo del 20/03/2020 de Mur (con Escudero en copia) alertando de que la medicalización era "irrealizable" y advirtiendo de "fallecimientos evitables". | Demuestra que la denegación de traslado se ejecutó a sabiendas de que la alternativa residencial era inexistente. |
| Participación de Geriatras | Redacción técnica aislada por mandos intermedios. | Redacción consensuada con jefes de servicio de geriatría, incluyendo a la Dra. Vidán del Gregorio Marañón. | Implica directamente a las jefaturas de geriatría en la elaboración de los criterios discriminatorios. |
9. Diligencias de Investigación Tecnológica (Informatoscopia Digital)
El núcleo probatorio para determinar el dolo, la autoría mediata y la prevaricación reside en la trazabilidad digital de las comunicaciones internas y los metadatos de los documentos. Se propone la práctica de las siguientes diligencias de investigación tecnológica, conforme a los arts. 588 bis a y ss. LECrim:
9.1. Volcado y extracción forense de correo electrónico corporativo
- Requerimiento a los Servicios Informáticos de la Comunidad de Madrid (Madrid Digital / SERMAS) para el volcado completo, en imagen forense (con cadena de custodia y hash SHA‑256), de las cuentas institucionales de correo (@salud.madrid.org) de:
- Los responsables de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria (Carlos Mur de Víu, Francisco Javier Peromingo, etc.).
- El Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón (Dr. José Antonio Serra Rexach) y los Geriatras de Enlace asignados (Dra. María Teresa Vidán Astiz, Dr. Francisco Javier Ortiz Alonso, Dra. Victoria de la Cruz, etc.).
- La Viceconsejera de Asistencia Sanitaria (Ana Dávila) y el Consejero de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero), en relación con los protocolos.
- Alcance temporal: 1 de febrero a 30 de abril de 2020.
- Palabras clave: "protocolo", "triaje", "Barthel", "GDS", "derivación", "traslado", "denegación", "La Paz", "Monte Hermoso", "Mesa de Apoyo", "medicalización", "Mur", "SERMAS", "residencia".
9.2. Intervención y copia forense de dispositivos móviles (mensajería instantánea)
- Requerimiento a los titulares de los cargos indicados para la entrega de los terminales móviles corporativos (o de los números personales utilizados para funciones de servicio) y el volcado de las conversaciones de WhatsApp, Telegram o SMS referidas a la coordinación de traslados, con especial atención a los grupos de la "Mesa de Apoyo al SERMAS" y de los "geriatras de enlace".
- Límite: Aplicación estricta del principio de especialidad: la búsqueda se ceñirá a las comunicaciones mantenidas con otros profesionales en el ejercicio de sus funciones, excluyendo la esfera estrictamente personal.
9.3. Auditoría forense de logs y registros telefónicos de las "llamadas de enlace"
- Requerimiento a la centralita telefónica del Hospital Gregorio Marañón y a la Consejería de Sanidad para que aporten los registros de llamadas entrantes y salientes (CDR - Call Detail Records) del teléfono corporativo fijado para el enlace con las residencias de ancianos de su área de cobertura, entre el 10 y el 31 de marzo de 2020.
- Además, solicitar la aportación de las actas, plantillas digitales o formularios (fichas Excel) en los que los geriatras de enlace anotaban la solicitud de derivación, la causa de la denegación y la evaluación del Índice de Barthel del residente.
9.4. Análisis de metadatos de los documentos de los protocolos
- Extracción de metadatos (Exif/OOXML) de las cuatro versiones del protocolo (18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020) para determinar:
- dc:creator y cp:lastModifiedBy: Identificación de la cuenta de usuario que redactó y modificó el documento.
- dcterms:created y dcterms:modified: Marcas temporales exactas de creación y última edición.
- Historial de cambios: Identificar las frases específicas que introdujeron los baremos discriminatorios (Índice de Barthel y GDS) y quién fue el autor de cada párrafo.
- Firma digital (PKI): Extracción de los metadatos de los certificados electrónicos utilizados por Carlos Mur de Víu para validar los documentos, comprobando el sello de tiempo (timestamping) e integridad del hash.
9.5. Auditoría forense de bases de datos asistenciales (audit trail)
- Requerimiento a los servicios informáticos del SERMAS para la extracción, mediante consulta SQL forense, de los registros de modificación de estado de las solicitudes de derivación en el sistema informático de enlaces hospitalarios (o en las hojas estructuradas compartidas), que contengan:
- ID de paciente / historia clínica.
- Fecha y hora exacta de la recepción de la solicitud emitida por la residencia.
- Usuario informático (médico residente, adjunto o jefe de sección) que atendió la solicitud.
- Valor numérico registrado: Puntuación otorgada en la Escala de Barthel o GDS/FAST.
- Cambio de estado: Registro de modificación de la casilla de "Pendiente de Traslado" a "Denegado / No Criterio de Derivación".
- Trazabilidad de la orden: Metadato del usuario que firmó el rechazo telefónico o telemático.
9.6. Cadena de custodia y garantías procesales
- Cálculo de huella digital (Hash): Inmediatamente después de la extracción de cada imagen forense o buzón de correo, la Unidad Tecnológica de la Policía Nacional/Guardia Civil calculará la huella digital mediante algoritmos SHA‑256 y MD5.
- Acta de constancia notarial o judicial: El Secretario Judicial (LAJ) o el Notario actuante deberán hacer constar en acta los valores hash generados y el soporte físico (disco duro estanco o unidad de almacenamiento precintada) donde se depositen las copias de trabajo.
- Principio de especialidad: La búsqueda automatizada se ceñirá exclusivamente a las carpetas, usuarios y palabras clave aprobadas en el auto judicial, desechando y precintando el material perteneciente a la esfera estrictamente personal o ajeno al período investigado (1 de febrero a 30 de abril de 2020).
10. Auditoría Estadística Comparativa por Hospital
La instrucción debe requerir a la Consejería de Sanidad la aportación de datos estadísticos desagregados por hospital de referencia durante el período crítico (marzo‑abril 2020), con el fin de detectar patrones de discriminación y posibles diferencias en la aplicación de los protocolos. Los datos solicitados deben incluir:
| Hospital de referencia | Nº total de solicitudes de derivación desde residencias | Nº de derivaciones aceptadas | Nº de derivaciones rechazadas (% rechazo) | Nº de fallecidos en residencias asignadas | Nº de fallecidos en hospital |
|---|
| Hospital Gregorio Marañón | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
| Hospital La Paz | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
| Hospital 12 de Octubre | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
| Hospital Puerta de Hierro | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
| Hospital Infanta Cristina (Parla) | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
| Resto de hospitales | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] | [Dato] |
Nota: Estos datos, una vez recabados, permitirán comparar si el Hospital Gregorio Marañón aplicó los criterios de exclusión con mayor o menor intensidad que otros centros, y si existió una correlación entre el porcentaje de rechazo y la mortalidad en residencias.
11. Conflictos de Interés y Publicaciones Científicas
Se debe investigar la posible existencia de conflictos de interés entre la actividad asistencial de los jefes de servicio y su participación en publicaciones científicas, comités de ética o asesorías remuneradas, que pudieran haber influido en la elaboración y justificación de los protocolos de exclusión.
- Publicaciones científicas: Revisar las publicaciones de los geriatras del Gregorio Marañón (Serra Rexach, Vidán, Ortiz Alonso, etc.) sobre triaje, fragilidad, adecuación del esfuerzo terapéutico y ética en la atención geriátrica, especialmente aquellas referidas a la pandemia COVID‑19. Analizar si dichas publicaciones sirvieron para justificar los criterios de exclusión y si recibieron financiación de la Consejería de Sanidad, de sociedades científicas o de la industria farmacéutica.
- Participación en comités: Determinar si los jefes de servicio formaban parte del Comité de Bioética del SERMAS o de la Mesa de Apoyo al SERMAS que validó los protocolos, y si actuaron en dichos órganos con independencia o bajo presión institucional.
- Asesorías externas: Investigar si los geriatras principales realizaron asesorías remuneradas para empresas privadas del sector sociosanitario (residencias, aseguradoras) durante el período de elaboración y aplicación de los protocolos, lo que podría constituir un conflicto de interés que afectara a la objetividad de sus decisiones.
12. Pliego de Preguntas para el Interrogatorio del Dr. José Antonio Serra Rexach
Propuesta de preguntas para el interrogatorio del Dr. Serra Rexach como investigado o testigo cualificado ante el Juzgado de Instrucción:
- ¿Aprobó o supervisó usted las directrices operativas que sus geriatras de enlace utilizaron para validar o denegar telefónicamente los traslados desde las residencias asignadas al Hospital Gregorio Marañón?
- ¿Sabía usted que los protocolos de derivación establecían criterios de exclusión basados en el Índice de Barthel y la escala GDS, y que estos criterios excluían a las personas con discapacidad o dependencia severa?
- ¿Conocía usted que las residencias adscritas a su área hospitalaria carecían de personal médico, oxigenoterapia y fármacos intravenosos durante la segunda quincena de marzo de 2020?
- ¿Recibió o emitió alguna instrucción escrita o verbal que ordenara no derivar a los ancianos con deterioro cognitivo o dependencia grave?
- ¿Participó usted en la reunión de la Mesa de Apoyo al SERMAS donde se consensuaron los protocolos de derivación? ¿Quién más participó?
- ¿Por qué no se derivó a los ancianos con deterioro cognitivo al Hospital de campaña de IFEMA, siendo su Servicio plenamente consciente de la discriminación por fragilidad?
- ¿Sabe usted que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, alertó formalmente el 25 de marzo de 2020 de que las residencias no estaban medicalizadas y que se necesitaban 50 médicos y 50 enfermeros?
- ¿Por qué no formuló usted objeciones escritas a los protocolos de exclusión, a pesar de conocer la falta de medicalización y las consecuencias mortales para los pacientes?
- ¿Ha participado usted en la redacción de publicaciones científicas o informes técnicos que justificaran el triaje por índices de dependencia? ¿Recibió financiación o contraprestación por ello?
- ¿Conoce la existencia de denuncias contra su Servicio por parte de médicos de residencias o de APEDANICA por la aplicación de estos protocolos? ¿Qué respuesta se dio desde su Servicio?
13. Catálogo Onomástico y Entidades de Referencia
13.1. Personas físicas (indexación dual)
José Antonio Serra Rexach | Serra Rexach, José Antonio
Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, Catedrático UCM, asesor de la Consejería de Sanidad.
María Teresa Vidán Astiz | Vidán Astiz, María Teresa
Geriatra del Hospital Gregorio Marañón, investigada en el Juzgado de Arganda del Rey por su papel en los protocolos de derivación.
Francisco Javier Ortiz Alonso | Ortiz Alonso, Francisco Javier
Jefe de Sección de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón.
Victoria de la Cruz | De la Cruz, Victoria
Médico adjunto de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón, implicada en el seguimiento residencial.
Carlos Mur de Víu | Mur de Víu, Carlos
Director General de Coordinación Socio-Sanitaria, firmante digital de los cuatro protocolos de exclusión.
Enrique Ruiz Escudero | Ruiz Escudero, Enrique
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, receptor de las alertas de Reyero.
Ana Dávila | Dávila, Ana
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, implicada en la coordinación sociosanitaria.
Alberto Pardo | Pardo, Alberto
Director Gerente del SERMAS durante la primera ola.
Manuel de la Puente | De la Puente, Manuel
Director General de Proceso Integrado de Salud del SERMAS, responsable de órdenes operativas hospitalarias.
Alberto Reyero Zubiri | Reyero Zubiri, Alberto
Exconsejero de Políticas Sociales, autor de Morirán de forma indigna.
Ernesto Ekaizer | Ekaizer, Ernesto
Periodista de investigación, autor de El Crispavirus.
Manuel Rico | Rico, Manuel
Periodista y autor del prólogo de Morirán de forma indigna.
Isabel Díaz Ayuso | Díaz Ayuso, Isabel
Presidenta de la Comunidad de Madrid, responsable política de la gestión sanitaria.
Miguel Ángel Rodríguez | Rodríguez, Miguel Ángel
Director de gabinete de la Presidencia, artífice de la campaña de intoxicación.
Antonio Burgueño Torijano | Burgueño Torijano, Antonio
Asesor externo de la Consejería de Sanidad, presente en la reunión secreta del 11 de marzo.
Encarnación Burgueño Jerez | Burgueño Jerez, Encarnación
Responsable de la "operación bicho", subcontratada para medicalizar residencias sin cualificación.
Cristina Bermejo Boixareu | Bermejo Boixareu, Cristina
Geriatra del Hospital Puerta de Hierro, implicada en la red de enlace.
Javier Gómez Pavón | Gómez Pavón, Javier
Geriatra del Hospital Cruz Roja, implicado en la red de enlace.
Ignacio Fernández-Cid | Fernández-Cid, Ignacio
Presidente de la Federación Española de la Dependencia, denunciante del abandono.
Lidia Sánchez Rodríguez | Sánchez Rodríguez, Lidia
Directora de la residencia Amavir Alcorcón, denunciante del veto hospitalario.
Mirthaines Castro de Ponzo | Castro de Ponzo, Mirthaines
Médica de residencia de Griñón, declaró el bloqueo de derivaciones.
13.2. Personas jurídicas (instituciones y entidades)
- Hospital General Universitario Gregorio Marañón (SERMAS) – Centro hospitalario público, epicentro de la primera víctima residencial y sede del Servicio de Geriatría investigado.
- Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid – Órgano firmante de los protocolos de exclusión.
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid – Responsable política de la emisión de las directrices de triaje.
- Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) – Organismo gestor de la red sanitaria pública madrileña.
- Universidad Complutense de Madrid (UCM) – Institución académica donde Serra Rexach ostenta la cátedra de Geriatría.
- Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) – Organismo colegial que ha archivado denuncias contra Serra Rexach y otros geriatras.
- CIBER‑FES / Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM) – Centros de investigación donde Serra Rexach dirige grupos de fragilidad y envejecimiento.
- APEDANICA – Asociación que ha denunciado conflictos de interés y opacidad en el SERMAS.
- Libros del K.O. – Editorial de Morirán de forma indigna.
- Editorial Espasa – Editorial de El Crispavirus.
- Federación Española de la Dependencia (FED) – Patronal denunciante del abandono.
- Pladigmare – Plataforma de familiares de residencias.
- Marea de Residencias – Colectivo de familiares afectados.
14. Referencias Documentales y Jurisprudenciales
- Fuente primaria: cita.es/protocolos-covid-juzgados/ – Documento base de APEDANICA sobre los protocolos de derivación y la responsabilidad de los geriatras del SERMAS.
- Código de Deontología Médica: cita.es/codigo/medicos.pdf – Texto íntegro del Código de Deontología Médica, cuyos preceptos se han analizado en el presente informe.
- Obra de contraste: Reyero Zubiri, Alberto (2022). Morirán de forma indigna. Prólogo de Manuel Rico. Madrid: Libros del K.O. (Análisis en miguelgallardo.es/lector/moriran-de-forma-indigna/).
- Obra de contraste: Ekaizer, Ernesto (2020). El Crispavirus. Crónica de la conspiración. Madrid: Espasa. (Análisis en miguelgallardo.es/lector/el-crispavirus/).
- Normativa: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma (Art. 6 sobre competencias autonómicas).
- Protocolos de exclusión: "Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante el periodo epidémico ocasionado por el Covid‑19" (versiones de 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020).
- Informe de Amnistía Internacional (2020): Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid‑19 en España.
- Informe de Médicos Sin Fronteras (2020): Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID‑19 en España.
- Actas de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid (2020‑2021): Comparecencias de Alberto Reyero, Carlos Mur de Víu, Antonio Burgueño, Lidia Sánchez, Mirthaines Castro, etc.
- Auto del Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid (2025): Diligencias previas abiertas contra Carlos Mur de Víu y otros investigados por los protocolos de exclusión.
15. Conclusión Pericial y Dictamen de APEDANICA
El análisis de cita.es/protocolos-covid-juzgados/ y su integración con las obras Morirán de forma indigna y El Crispavirus, así como con el Código de Deontología Médica, evidencia que la instrucción judicial y fiscal debe extenderse más allá de la logística administrativa y la firma formal de los protocolos. El núcleo de la responsabilidad penal y deontológica se sitúa en las jefaturas de servicio de geriatría y en los geriatras de enlace que, desde su posición de autoridad y garante, articularon, validaron y aplicaron los filtros de exclusión asistencial.
El Dr. José Antonio Serra Rexach, en su triple condición de jefe de servicio, catedrático y asesor de la Consejería de Sanidad, constituye un paradigma institucional de esta cadena de mando. Su Servicio de Geriatría fue el epicentro temporal de la crisis (primera víctima el 3 de marzo de 2020) y su influencia técnica y organizativa fue determinante en la aplicación de los criterios de triaje. La falta de medicalización real de las residencias, denunciada por Reyero en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo, era conocida por la jefatura de geriatría, que sin embargo continuó denegando las derivaciones sin garantizar una alternativa asistencial.
La prueba decisiva para determinar el dolo, la autoría mediata o la cooperación necesaria radica en la trazabilidad digital de las comunicaciones internas (correos, WhatsApp, llamadas de enlace). Por ello, APEDANICA ha solicitado formalmente a los juzgados la diligencia de investigación tecnológica que permita el volcado forense de los servidores corporativos, los terminales móviles de la jefatura y los registros telefónicos de la centralita del Gregorio Marañón.
La investigación debe respetar en todo momento la presunción de inocencia de las personas afectadas, pero no puede eludir el examen individualizado de la conducta de quienes, desde su posición de autoridad, organizaron y aplicaron un sistema que, en la práctica, discriminó a miles de ancianos por razón de su dependencia y discapacidad, condenándolos a una muerte indigna y sin asistencia. La Fiscalía y los juzgados deben romper el bucle administrativo y determinar la responsabilidad en la denegación de auxilio y homicidio por omisión, enfocándose en la autoría mediata de quienes organizaron la exclusión sanitaria basada en la dependencia y edad.
— Fin del informe pericial —