🏛️ PERITO EN EMPRESAS UNIVERSITARIAS: IRREGULARIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo presenta este informe pericial sobre las graves irregularidades detectadas en el ámbito de las denominadas "empresas universitarias", estructuras creadas al amparo de cátedras, fundaciones o sociedades instrumentales que operan al margen de los controles de compatibilidad y transparencia. El documento analiza en detalle el caso Begoña Gómez (UCM) investigado por la UCO, los casos análogos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) denunciados por APEDANICA desde 2007, y encuadra las conductas en la normativa de incompatibilidades (Ley 53/1984, EBEP) y en los delitos contra la Administración Pública (arts. 404, 432, 439 CP).

1. El caso Begoña Gómez: Informe de la UCO y contratación “premeditada” de software

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid (titular Juan Carlos Peinado) un extenso informe (158 páginas más ocho anexos) fechado el 21 de mayo de 2026, en el que concluye que la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) co‑dirigida por Begoña Gómez Fernández incurrió en “anomalías” para beneficiar a ciertas empresas —entre ellas la consultora Deloitte— a través de una contratación “premeditada” y aparentemente amañada[reference:0].

Los investigadores destacan que Deloitte cobró 78.648,79 euros por labores de “soporte”, “asesoría” y apoyo, pero ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación formal, lo que evidencia un amaño. La UCO cifra el coste total de la plataforma en aproximadamente 330.000 euros (incluyendo aportaciones de Google, Indra y Telefónica, que trabajaron gratuitamente)[reference:2][reference:3].

Además, el atestado policial concluye que Begoña Gómez registró a su nombre la marca y el dominio web de la plataforma Transforma TSC (transformatsc.org) sin que la Universidad Complutense los inscribiera a su nombre, pese a que la herramienta se sufragó mayoritariamente con fondos públicos o privados que, una vez ingresados en la UCM, adquirieron la condición legal de caudales públicos[reference:4]. La plataforma llegó a tener «actividad comercial» real, respaldada en pagos por valor de 6.688 euros a la empresa Innovación Hexagonal SL, y también se utilizó para retribuir a Sandra Anfaiha con 3.570 euros[reference:5]. La UCM, por su parte, ha liquidado la cátedra y exige la devolución inmediata del software[reference:6].

La esposa del presidente del Gobierno se encuentra imputada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional (además de malversación de caudales públicos, según la acusación popular)[reference:7].

2. El modus operandi: simulación contractual y apariencia de legalidad como conducta prevaricadora

La UCO ha detectado un patrón de actuación consistente en:

• Adjudicaciones premeditadas y amañadas: los contratos se redactaron a medida de la empresa beneficiaria, con pliegos que limitaban la concurrencia y precios predefinidos.
• Actividades previas a la formalización: la consultora ya trabajaba cuando el contrato aún no se había adjudicado, lo que supone una vulneración de los principios de igualdad y transparencia.
• Apropiación indebida de propiedad intelectual: la marca y el dominio se registraron a nombre particular, no de la universidad, pese a que los recursos utilizados eran públicos.
• Falta de transparencia y confusión patrimonial: los fondos de la cátedra se utilizaron para actividades comerciales de la sociedad privada Transforma TSC SL.

Estas conductas constituyen infracciones graves de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 19/2013 de Transparencia, y pueden ser constitutivas de los delitos de prevaricación (art. 404 CP), malversación (art. 432 CP) y negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439 CP).

3. Casos análogos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Desde 2007, APEDANICA viene denunciando prácticas estructurales en la UPM que guardan un paralelismo asombroso con el caso del software de la UCM. Se reseñan los principales expedientes documentados en los dominios cita.es y miguelgallardo.es.

3.1. Juan Manuel del Valle Pascual (Asesoría Jurídica de la UPM – SGAE / Microgénesis)

El que fuera director de la Asesoría Jurídica de la UPM, Juan Manuel del Valle Pascual, ha sido denunciado por APEDANICA por conflicto de intereses, malversación y prevaricación. Los hechos denunciados incluyen:

• Poner a disposición de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) peritos como Rafael Aracil Santonja, e incluso demandas y denuncias malversadas con recursos de la UPM a favor de la SGAE[reference:8].
• Cobrar un sobresueldo mensual de 2.351,47 € de la Fundación General de la UPM (FGUPM) por “Apoyo legal y asesoramiento jurídico”, tal como consta en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid.
• Registrar obras como autor en la SGAE (ej. “DILE A MI HIJO”, código 410.653), obteniendo derechos de autor mientras su función pública beneficiaba a la entidad gestora.
• Actualmente se encuentra imputado por presunta malversación y prevaricación en la Audiencia Nacional.

El paralelismo con el caso Begoña Gómez es evidente: un alto cargo instrumentaliza su puesto y los recursos de la universidad en beneficio de una entidad privada (la SGAE), obteniendo además beneficios económicos personales, con evidente confusión patrimonial y falta de controles de compatibilidad.

3.2. Vicerrector Narciso García Santos y la SICAV “Jerigondor”

APEDANICA ha documentado que Narciso García Santos, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UPM (con dedicación completa), ostenta el cargo de consejero delegado de la SICAV Jerigondor SICAV SA, una sociedad participada por bancos suizos como Credit Suisse[reference:9]. Esta situación constituiría una infracción del artículo 95.j) del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que sanciona como falta muy grave “prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”. El rector Carlos Conde Lázaro (actual rector de la UPM en la fecha de la denuncia) no solo ha tolerado esta incompatibilidad, sino que también ha sido denunciado por APEDANICA por su pasividad.

La analogía con el caso Gómez radica en que altos cargos universitarios utilizan sociedades mercantiles o entidades financieras para obtener beneficios económicos al margen de su función pública, sin la preceptiva autorización de compatibilidad, y con total opacidad.

3.3. José Luis García Grinda: vicerrector y empresario arquitecto

José Luis García Grinda, vicerrector de Alumnos de la UPM (con dedicación completa), figura en el Registro Mercantil como administrador de una sociedad mercantil dedicada a la mediación y coordinación en los campos de la arquitectura y el urbanismo. APEDANICA ha comprobado que, al menos, 21 de los 42 catedráticos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) ostentan cargos incompatibles con la dedicación completa.

El modus operandi es el mismo que en el caso de Begoña Gómez: funcionarios públicos con dedicación completa que, sin embargo, compatibilizan su actividad con cargos en sociedades mercantiles, generando un evidente conflicto de intereses y una competencia desleal con el sector privado.

3.4. Convenios opacos entre la UPM y el CNI (FUNDETEL)

APEDANICA ha denunciado la existencia de convenios reservados entre la UPM (a través de la Fundación Rogelio Segovia – FUNDETEL) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió a favor de la transparencia, pero ni la UPM ni el CNI entregaron la documentación completa, y el Senado inadmitió las preguntas parlamentarias al respecto.

Este caso guarda analogía con la opacidad del software de la UCM, pues implica un posible uso de fondos y tecnología públicos para fines no suficientemente fiscalizados, con participación de entidades privadas (fundaciones) e incluso de los servicios de inteligencia. La falta de transparencia impide conocer los verdaderos beneficiarios y el destino de los recursos.

3.5. Otras incompatibilidades y empresas vinculadas: AXON, AIDIT, patentes basura

APEDANICA ha identificado múltiples cargos de la UPM que ostentan cargos mercantiles en sociedades como AXON Capital (sociedad gestora de capital riesgo) y AIDIT (empresa certificadora de I+D+i), así como un entramado de “patentes basura” que sirven únicamente para acreditar méritos ante ANECA y ACAP sin verdadera explotación comercial. El propio rector Javier Uceda Antolín (rector entre 2004 y 2012) aparece en el Registro Mercantil como representante de una empresa dedicada a la gestión de capital riesgo, lo que le sitúa en una posición de conflicto de interés manifiesto. Sus sucesores, los rectores Carlos Conde Lázaro y Guillermo Cisneros Pérez, han continuado con la política de no sancionar estas incompatibilidades y de represaliar al denunciante, tal como APEDANICA ha acreditado en múltiples escritos.

Estas prácticas reflejan una cultura de impunidad y descontrol que guarda plena analogía con el caso del software de la UCM, donde una persona vinculada a la universidad utiliza recursos y tecnología públicos para su propio beneficio o para el de sociedades privadas.

4. Normativa vulnerada e infracciones penales

Las conductas descritas infringen frontalmente la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el artículo 95 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que tipifica como falta muy grave “el prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”[reference:10]. Además, pueden ser constitutivas de los siguientes delitos contra la Administración Pública:

• Prevaricación administrativa (art. 404 CP): “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”[reference:11]. Los rectores que han consentido y no han sancionado las incompatibilidades, o que han dictado resoluciones arbitrarias para encubrirlas, incurren en este delito.
• Malversación de caudales públicos (art. 432 CP): “La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años”[reference:12]. La utilización de fondos de la UCM y de la UPM para fines privados (la SICAV, la SGAE, las empresas de los vicerrectores) encaja en este tipo penal.
• Negociaciones prohibidas a funcionarios (art. 439 CP): “La autoridad o funcionario público que se aproveche, para sí o para otro, de su cargo para realizar operaciones de cualquier naturaleza que le estén prohibidas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”[reference:13]. La participación de altos cargos en consejos de administración de sociedades mercantiles cuando tienen dedicación exclusiva constituye una negociación prohibida.
• Apropiación indebida (art. 252 CP): El registro de la marca y el dominio del software a nombre particular, pese a haber sido sufragado con fondos públicos, es un supuesto claro de apropiación indebida, al igual que el desvío de patentes universitarias a entidades privadas.
• Corrupción en los negocios (art. 286 bis CP): La “apariencia de legalidad” y las “adjudicaciones premeditadas” detectadas por la UCO encajan en el delito de corrupción privada, aplicable también a los directivos universitarios que actúan como si fueran empresarios.

La acumulación de estos delitos y la reiteración de conductas a lo largo de los años (desde 2007) evidencian una organización criminal en el seno de la universidad pública, con un modus operandi sistemático de elusión de controles, represalias a los denunciantes y encubrimiento por parte de los rectores.

5. Propuesta de actuación inmediata

En virtud de lo expuesto, APEDANICA solicita a las autoridades competentes (Fiscalía Anticorrupción, Consejo de Transparencia, Tribunal de Cuentas y Ministerios de Universidades y Ciencia) que:

• ✔ Investiguen de oficio todos los casos de incompatibilidad y conflictos de interés en las universidades públicas españolas, con especial atención a la UPM y a la UCM.
• ✔ Depuren responsabilidades disciplinarias, contables y penales respecto de los funcionarios y altos cargos señalados en este informe, incluyendo a los rectores que han encubierto las irregularidades (Carlos Conde Lázaro, Guillermo Cisneros Pérez y sus predecesores).
• ✔ Exijan la máxima transparencia en los convenios y contratos de las universidades con entidades privadas, especialmente en los que afecten a derechos de propiedad intelectual y explotación comercial de software financiado con fondos públicos.
• ✔ Reformen la normativa de incompatibilidades para endurecer las penas y garantizar su efectivo cumplimiento, eliminando las “puertas giratorias” entre la universidad pública y la empresa privada.

APEDANICA se ofrece a colaborar con las autoridades en la investigación y en la elaboración de informes periciales que acrediten los hechos denunciados, así como a poner a disposición de los tribunales toda la documentación recabada durante casi dos décadas de lucha contra la corrupción universitaria.