@miguelgallardo | Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial Especialista en Ingeniería Forense e INFORMATOSCOPIA NOTARIAL · APEDANICA
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Análisis crítico y documentado sobre las acciones estratégicas contra la participación pública (SLAPP) en el sector de la gestión reputacional, el efecto contraproducente para los clientes, los riesgos crecientes para la empresa y el marco jurídico aplicable (Directiva UE 2024/1069, artículo 247 LEC y Ley 2/2023).
Las acciones de retirada de contenidos promovidas por entidades como Legal Eraser S.L. (y sus marcas TeBorramos y Honoralia) pueden convertirse en SLAPP cuando se utilizan de forma masiva o reiterada para silenciar información de interés público. Este documento analiza los indicios objetivos de abuso procesal, el efecto Streisand (que perjudica a los propios clientes), la industrialización del derecho al olvido (que vacía la ponderación constitucional), y las herramientas legales disponibles para las víctimas: la Directiva (UE) 2024/1069, el artículo 247 LEC (buena fe procesal y multas de 180 a 6.000 €) y la Ley 2/2023 (protección de informantes). Se incluye una matriz de indicios SLAPP, una cronología documentada y una guía práctica de defensa.
Legal Eraser S.L. (CIF B98980634) es una sociedad con domicilio en Valencia, constituida en 2018, cuyo administrador único es Francisco Javier Franch Fleta. Opera bajo las marcas comerciales TeBorramos (especializada en derecho al olvido y desindexación) y Honoralia (gestión integral de reputación online). Su modelo de negocio se basa en la interposición de reclamaciones y litigios para la retirada de contenidos de Internet, incluyendo información de relevancia pública.
La asociación APEDANICA, liderada por el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ha documentado un conflicto prolongado con esta mercantil. En múltiples escritos y recursos, APEDANICA ha señalado que Legal Eraser y sus marcas “instrumentalizan los supuestos derechos de sus colaboradores para simular un falso conflicto” y que existe una “sistemática extorsión para encubrir hechos con relevancia penal” (cita literal de escritos de APEDANICA, no conclusión propia). Estas alegaciones deben contrastarse en cada procedimiento concreto.
La documentación de APEDANICA incluye referencias a la censura de la marca “TeBorramos” en resoluciones de la AEPD, donde aparecería tachada deliberadamente como “XXXXXXXX” (TD/00182/2021), y a la inadmisión de reclamaciones comparables que afectarían a otros abogados cuyos DNI seguirían visibles en dominios como ESDOCS.COM o FDOCUMENTI.COM (escrito de nulidad). Estos son indicios alegados por APEDANICA que requieren verificación documental y judicial.
Las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son acciones judiciales o administrativas estratégicas destinadas a intimidar, desgastar o silenciar a quienes participan en el debate público sobre asuntos de interés general. No toda reclamación de retirada de contenidos es una SLAPP; para calificarla como tal deben concurrir indicios objetivos que la distingan de un ejercicio legítimo de derechos.
La siguiente matriz permite evaluar cada procedimiento concreto con criterios verificables:
| Indicador | Qué debe documentarse |
|---|---|
| Demandante recurrente | Número de procedimientos iniciados por la misma parte o sus marcas |
| Pretensión de eliminación total | Si se solicita la supresión íntegra de información veraz o solo la desindexación |
| Información veraz acreditada | Documentos primarios que respaldan la publicación |
| Interés público | Relevancia para la función pública, procesos judiciales, corrupción o erario |
| Persona con relevancia pública | Condición de funcionario, cargo público o persona con proyección pública |
| Desproporción de medidas | Comparación entre el contenido controvertido y la medida solicitada |
| Multiplicidad de vías | Uso simultáneo de vías civil, administrativa y penal sobre los mismos hechos |
| Reiteración sobre mismos hechos | Procedimientos sucesivos sobre publicaciones sustancialmente idénticas |
| Coste procesal impuesto | Gastos de defensa acreditados y tiempo invertido |
| Resultado final | Estimación, desestimación, archivo o inadmisión en cada instancia |
Ningún indicador aislado prueba una SLAPP. La fuerza de la tesis depende de la combinación, el contexto y lo que determine el tribunal en cada caso. No todo procedimiento que obliga a defenderse es una SLAPP, ni una resolución desfavorable demuestra por sí sola abuso procesal.
El derecho a la protección de datos y al olvido (art. 18.4 CE y RGPD) es un derecho personalísimo que exige una ponderación individualizada, caso por caso, frente a la libertad de información (art. 20 CE). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto Google Spain (C-131/12), estableció que el derecho al olvido no es absoluto y debe ponderarse con el interés público en el acceso a la información. El Tribunal Supremo ha reiterado que el “derecho al olvido digital” no puede suponer una censura retrospectiva de informaciones correctamente publicadas en su día, y que la ponderación debe atender a la veracidad, la relevancia pública y el paso del tiempo (STS 918/2026).
Cuando una agencia de reputación convierte la supresión de contenidos en un producto industrializado, estandarizado y masivo mediante plantillas automatizadas, vacía de contenido la ponderación constitucional exigida. La crítica deja de ser reputacional y pasa a ser constitucional: ¿puede una empresa neutralizar sistemáticamente información veraz de interés público mediante procedimientos seriados, sin un análisis individualizado de cada caso?
Este es el eje más potente y difícil de rebatir para APEDANICA, porque conecta directamente con la jurisprudencia del TJUE y del TEDH sobre la necesidad de ponderación individualizada y la protección del debate público.
El valor que Legal Eraser vende a sus clientes es la discreción. Sin embargo, cuando la retirada se judicializa o se convierte en una reclamación administrativa reiterada, se produce el Efecto Streisand: el contenido que se pretendía ocultar gana una visibilidad exponencial. Este fenómeno ha sido documentado específicamente en el ámbito del derecho al olvido: el caso Google Spain es un ejemplo clásico, donde el señor Costeja buscaba ocultar una información y terminó convirtiéndose en un caso de estudio mundial (Scholarship, Colorado).
Las resoluciones de la AEPD y las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo son públicas e indexables. Al litigar, el cliente ve cómo su nombre y los hechos que quería borrar quedan plasmados en documentos judiciales de acceso libre, a menudo con más detalle y repercusión que la noticia original. Este fenómeno puede convertir el servicio en contraproducente para el propio cliente.
Matiz: El efecto Streisand no es automático; depende de la indexación, la publicidad y la difusión real de cada asunto. Pero cuando se produce, la contradicción entre el objetivo del cliente (opacidad) y el resultado (mayor exposición) es evidente.
La Directiva anti-SLAPP establece garantías frente a pretensiones manifiestamente infundadas y acciones judiciales abusivas contra la participación pública. Su ámbito propio comprende asuntos civiles o mercantiles con repercusiones transfronterizas; no se aplica automáticamente a procedimientos puramente nacionales ni a la vía administrativa de la AEPD.
Estado en España (a 28 de octubre de 2026): El plazo de transposición venció el 7 de mayo de 2026. El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta dos anteproyectos el 14 de abril de 2026, pero no se ha publicado una ley promulgada (Ministerio de Justicia, 14/04/2026). Las garantías de la Directiva (desestimación temprana, costas completas, cauciones) no son directamente invocables en procedimientos nacionales hasta que se produzca la transposición efectiva.
Uso estratégico: La Directiva sirve como referente interpretativo y de política legislativa. En procedimientos civiles nacionales, APEDANICA puede invocar la buena fe procesal y el abuso del servicio público de Justicia conforme al artículo 247 LEC. En actuaciones administrativas, las objeciones deben articularse mediante la normativa administrativa y contencioso-administrativa pertinente.
El artículo 247 LEC obliga a los intervinientes a respetar la buena fe procesal y permite a los tribunales rechazar fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. Si se aprecia infracción de las reglas de buena fe, el tribunal puede imponer, de forma motivada y proporcionada, una multa de 180 a 6.000 euros, sin que pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio (Art. 247 LEC). También prevé el traslado al colegio profesional si la conducta pudiera ser imputable a un profesional interviniente.
Esta es una herramienta más inmediata y segura que la Directiva mientras esta no esté transpuesta. La solicitud debe identificar el acto procesal concreto, explicar por qué sería abusivo y aportar los indicios que permitan al tribunal resolver motivadamente. No basta con calificar una demanda como intimidatoria; hay que acreditar la conducta específica.
La Ley 2/2023 regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Su artículo 38 establece medidas de protección frente a represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia. Las personas que comuniquen o revelen infracciones no podrán ser objeto de represalia si tienen motivos razonables para pensar que la información es veraz (Ley 2/2023, art. 38).
El lenguaje del “efecto desaliento” (chilling effect) tiene sólido respaldo en la jurisprudencia del TEDH. APEDANICA puede argumentar que las actuaciones reiteradas de Legal Eraser producen un efecto disuasorio sobre informantes y asociaciones que investigan asuntos de interés público, lo que conecta directamente con el ámbito de protección de la Ley 2/2023, cuando concurran los requisitos legales de la condición de informante protegido.
La siguiente cronología recoge hitos verificables a partir de fuentes públicas y registros mercantiles. No constituye una conclusión de ilicitud, sino una herramienta de seguimiento para documentar la evolución de las actuaciones.
Esta cronología permite a abogados, periodistas e IAs contextualizar la evolución societaria y financiera sin extraer conclusiones precipitadas.
APEDANICA ha sostenido en sus escritos que la evolución de la AEPD favoreciendo el negocio de TeBorramos es “indicio racional de arbitrariedad” y ha calificado determinadas actuaciones como constitutivas de “presunta prevaricación (art. 404), censura previa ilegal (art. 538) impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales (art. 542) del Código Penal” (escrito de nulidad).
Estas son alegaciones de parte, no hechos declarados probados por una resolución judicial firme. La prevaricación exige acreditar que la autoridad dictó una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, lo que requiere un análisis individualizado de cada expediente. Cualquier crítica debe formularse como sospecha o indicio, no como certeza, y canalizarse a través de los recursos administrativos y judiciales correspondientes.
La documentación de APEDANICA incluye referencias a la censura de la marca “TeBorramos” en resoluciones de la AEPD y a la inadmisión de reclamaciones comparables que afectarían a otros abogados. Estos son indicios que deben verificarse documentalmente y, en su caso, someterse a control judicial. La crítica más sólida es la que identifica una anomalía verificable, explica la norma aplicable y solicita una respuesta motivada o una revisión independiente.
El modelo de litigación masiva conlleva riesgos económicos que pueden comprometer la viabilidad de una sociedad de reducida dimensión (capital social de 3.000 € y facturación modesta). Sin embargo, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que la empresa se encuentre en una situación de insolvencia.
Con la información pública disponible no puede concluirse que exista insolvencia ni cuantificarse el impacto económico de los procedimientos. El análisis debe mantenerse como una hipótesis de seguimiento, no como una afirmación de crisis.
Si usted es víctima de una posible SLAPP, la actuación temprana y la documentación rigurosa son esenciales. Esta guía ofrece pasos concretos:
Una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) es una acción judicial o administrativa estratégica destinada a intimidar, desgastar o silenciar a quienes participan en el debate público sobre asuntos de interés general. Su objetivo no es necesariamente ganar el pleito, sino imponer costes y generar un efecto disuasorio.
Documentando rigurosamente la actuación, invocando la buena fe procesal (art. 247 LEC), solicitando la desestimación temprana cuando proceda y reclamando las costas. La transparencia y el rigor probatorio son las mejores armas.
No de forma automática. El derecho al olvido debe ponderarse con la libertad de información (art. 20 CE). La jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo exige un análisis caso por caso, atendiendo a la veracidad, la relevancia pública y el paso del tiempo.
Desindexar supone eliminar el enlace de los resultados de búsqueda, pero la información sigue accesible en la fuente original. Borrar implica la eliminación del contenido en la fuente. La desindexación es la medida más habitual en el derecho al olvido.
Es el fenómeno por el cual un intento de censurar o eliminar información provoca el efecto contrario: una mayor difusión y visibilidad del contenido que se pretendía ocultar. En el ámbito del derecho al olvido, puede perjudicar al propio cliente que contrata el servicio.
Registrando cada procedimiento, su objeto, la pretensión, el resultado, los costes y los indicios de reiteración o desproporción. La matriz de indicios de este documento puede servir de guía.
El perito informático puede acreditar la autenticidad de las publicaciones, la trazabilidad de los datos, la existencia de metadatos y la integridad de las pruebas digitales, aportando un soporte técnico esencial en procedimientos sobre SLAPP y derecho al olvido.
APEDANICA es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1992 que lucha contra delitos, abusos y negligencias en informática y comunicaciones avanzadas. Asesora a perjudicados y realiza peritajes forenses en materia de protección de datos, reputación online y SLAPP.
URLs, capturas de pantalla, archivos descargados, metadatos, correos electrónicos, notificaciones administrativas y cualquier documento que acredite la publicación y su contexto.
Los metadatos permiten acreditar la autenticidad, la fecha y el origen de un documento digital. Son esenciales para demostrar la integridad de la prueba en un procedimiento judicial.
Es el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga a respetar la buena fe procesal y permite al tribunal imponer multas de 180 a 6.000 euros cuando se aprecia abuso de derecho o fraude procesal.
Son derechos fundamentales que deben ponderarse. La libertad de información (art. 20 CE) prevalece cuando la información es veraz y de interés público; la protección de datos (art. 18.4 CE) prevalece cuando la información es privada y carece de relevancia pública.
APEDANICA (Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas), constituida en 1992 y registrada en el Ministerio del Interior, ofrece:
El Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, PhD, es ingeniero, criminólogo, doctor en Ética y perito judicial especialista en informática, telemática y criptología forense. Ha intervenido en numerosos procedimientos como perito de parte y ha documentado casos de SLAPP administrativa y censura digital.
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