1. ESENCIA DEL AUTO: EL REGISTRO JUDICIAL EN LA SEDE DEL PSOE Y LA TRAMA "HIRUROK"
El magistrado Santiago Pedraz Gómez (Magistrado Juez del Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza Nº 5) ha dictado un auto de 50 páginas fechado el 26 de mayo de 2026 en el marco de las Diligencias Previas 150/2025, que permanecen parcialmente secretas. La resolución, que ha sido notificada al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, autoriza la práctica de un requerimiento judicial a la representación legal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en su sede nacional de la calle Ferraz 68-70 de Madrid, para la entrega inmediata de una extensa relación de documentos, correos electrónicos, registros de acceso, contratos, facturas y datos de viajes y pagos realizados a una veintena de personas. De forma subsidiaria, para el caso de que no se atienda voluntariamente el requerimiento, el juez autoriza la entrada y registro en la Gerencia y demás dependencias de la sede socialista entre las 07:00 horas del 27 de mayo de 2026 y las 07:00 horas del 28 de mayo de 2026.
El auto tiene su origen en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido el mismo 26 de mayo de 2026, que solicita las diligencias ante los indicios de una estructura criminal estable y jerarquizada denominada "Hirurok" (en euskera, "nosotros tres"), formada inicialmente por Leire Díez Castro, Vicente Cecilio Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola. Según la UCO, este grupo actuaba coordinadamente para obtener beneficios económicos mediante el tráfico de influencias y la obtención de resoluciones administrativas favorables, valiéndose de sus contactos en la Administración Pública. Posteriormente, la trama se expandió con la incorporación de otros investigados, entre ellos Santos Cerdán León (en ese momento Secretario de Organización del PSOE), Javier Pérez Dolset (empresario, investigado en múltiples causas de corrupción), Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Ismael Oliver Romero (abogado), Jacobo Teijelo Casanova (letrado de Santos Cerdán y de Sánchez Yepes), Juan Sánchez Yepes (capitán de la Guardia Civil), Ana María Fuentes Pacheco (gerente de la Secretaría de Organización del PSOE), Ion Fernando Antolín Llorente (director de comunicación del PSOE), Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso (empleadas administrativas del partido), así como Patricia Ariadna López Lucio (fallecida, vinculada a Crónica Libre).
El auto imputa indiciariamente a los investigados los delitos de organización criminal (art. 570 bis CP), plurales delitos de cohecho (art. 424 CP), revelación de secretos (art. 417 CP), inducción al falso testimonio (art. 458 CP), acusación y denuncia falsa (art. 456 CP), falsedad en documento mercantil (art. 392 en relación con el 390.1.1º CP), prevaricación (art. 404 CP), tráfico de influencias (arts. 428 y ss. CP) y delito contra las instituciones del Estado (art. 504.2 CP).
El juez Pedraz fundamenta la proporcionalidad y necesidad de la medida en la gravedad de los delitos, en la existencia de indicios sólidos derivados de las comunicaciones intervenidas y en la imposibilidad de obtener la documentación por otros medios menos intrusivos. Destaca que la organización criminal utilizaba la estructura del PSOE para financiar sus actividades, para lo cual Santos Cerdán habría puesto a disposición de la trama los recursos logísticos del partido, incluyendo la sede de Ferraz, empleados administrativos y fondos económicos canalizados a través de facturas falsas y contratos simulados con los despachos de Ismael Oliver, Jacobo Teijelo y la sociedad ZAÑO SOCIEDAD CONSULTORA SL de Gaspar Zarrías.
2. LISTADO EXHAUSTIVO DE PERSONAS, ENTIDADES, DELITOS Y AUTORIDADES MENCIONADAS EN EL AUTO
▪ Santos Cerdán León – Secretario de Organización del PSOE (2024-2025), considerado líder de la trama, impulsor de las reuniones en Ferraz y responsable de la financiación ilícita.
▪ Leire Díez Castro – coordinadora de las acciones de desestabilización judicial, mano derecha de Santos Cerdán, receptora de pagos mensuales de 4.000 €.
▪ Javier Pérez Dolset – empresario, investigado en múltiples causas, colaborador activo, participante en reuniones con fiscales y mandos policiales.
▪ Gaspar Carlos Zarrías Arévalo – administrador de ZAÑO SOCIEDAD CONSULTORA SL, vehículo para los pagos a Leire Díez.
▪ Ismael Oliver Romero – abogado de Nervis Villalobos, gestor de la segunda vía de pagos a Leire a través de sus sociedades.
▪ Jacobo Teijelo Casanova – abogado de Santos Cerdán y de Juan Sánchez Yepes, encargado de la línea de "hidrocarburos".
▪ Juan Sánchez Yepes – capitán de la Guardia Civil, investigado por revelación de secretos sobre la UCO.
▪ Ana María Fuentes Pacheco – gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, responsable de las notas de encargo falsas.
▪ Ion Fernando Antolín Llorente – director de comunicación del PSOE, gestor de campañas publicitarias a favor de Patricia López.
▪ Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso – empleadas administrativas que gestionaban viajes y logística de la trama.
▪ Patricia Ariadna López Lucio (fallecida) – vinculada a Crónica Libre y a la difusión de informaciones judiciales reservadas.
▪ Vicente Cecilio Fernández Guerrero – expresidente de la SEPI, miembro fundador de Hirurok.
▪ Joseba Antxón Alonso Egurrola – miembro fundador de Hirurok, investigado en otras causas.
▪ Miriam Serrano Ruiz – testigo en procedimiento contra el fiscal Grinda, alojada en Madrid por cuenta del PSOE.
▪ Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas – ciudadano venezolano investigado por el fiscal Grinda, cliente de Ismael Oliver.
▪ Rubén Villalba Carnerero – comandante de la Guardia Civil, receptora de ofrecimientos económicos.
▪ Francisco Martínez Vázquez – exsecretario de Estado de Seguridad, contactado por Leire Díez.
▪ José Manuel Villarejo Pérez – comisario jubilado, mencionado como fuente de información comprometedora.
▪ Alejandro Hamlyn López-Tapia, Rafael Salvador Moreno, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Joaquín Parra Páez, Álvaro Gallego García y María del Carmen Pano Sánchez (testigo a la que se ofrecieron 50.000 €).
▪ ZAÑO SOCIEDAD CONSULTORA SL – vehículo de pago de 4.000 € mensuales a Leire Díez.
▪ ESTUDIO JURÍDICO I.OLIVER & PARTNERS SL y OLIVER GRUPPE SL – utilizadas para canalizar 27.225 € desde el PSOE a Leire mediante facturación falsa.
▪ GRUPO CRÓNICA LIBRE SL – medio de comunicación utilizado para difundir información reservada y recibir pagos del PSOE (20.000 €).
▪ Partido Socialista Obrero Español (PSOE) – persona jurídica requerida, cuyos fondos y logística fueron presuntamente utilizados para financiar la trama.
▪ Santiago Pedraz Gómez – magistrado instructor (Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza Nº 5).
▪ Ana Esther Sánchez García – Letrada de la Administración de Justicia.
▪ Ministerio Fiscal – informó favorablemente el requerimiento.
▪ Fiscal José Grinda González – objetivo de ofrecimientos económicos (300.000 €).
▪ Fiscal Ignacio Stampa Fuente – también objeto de ofrecimientos (retorno a Anticorrupción).
▪ Fiscal Alejandro Luzón – Fiscal Jefe de Anticorrupción, objetivo indirecto.
▪ Abogados: Ismael Oliver Romero (defensor de Villalobos), Jacobo Teijelo Casanova (letrado de Santos Cerdán), Pere Rusiñol Costa (intermediario ante el fiscal Grinda).
▪ El Confidencial – José María Olmo · cobertura del auto y del registro.
▪ Europa Press – difusión de la noticia.
▪ El País – Reyes Rincón · análisis político y judicial.
▪ La Sexta / Antena 3 – cobertura del registro en Ferraz.
▪ El Independiente – Jesús Cintora.
▪ Crónica Libre – medio vinculado a Patricia López, investigado como vehículo de difusión de información reservada.
3. DELITOS INVESTIGADOS Y NORMAS CLAVE APLICABLES
- Organización criminal (art. 570 bis CP): El auto describe una estructura jerarquizada con reparto de funciones, vocación de permanencia y uso de medios de comunicación encriptados. El grupo "Hirurok" habría actuado desde 2021 con la finalidad de obtener beneficios económicos mediante influencias ilícitas. La pena prevista para los miembros de la organización es de 5 a 10 años de prisión.
- Cohecho (art. 424 CP): La UCO ha documentado ofrecimientos de dinero (300.000 € al fiscal Grinda, 50.000 € a la testigo Pano Sánchez) y de puestos de trabajo (al fiscal Stampa) a cambio de actos contrarios a sus funciones. El cohecho activo se castiga con 3 a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo.
- Revelación de secretos (art. 417 CP): El capitán Juan Sánchez Yepes habría revelado información calificada como "secreta" sobre la estructura y mandos de la UCO, reconociendo en la grabación que estaba "cometiendo un delito". Pena: 2 a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta.
- Inducción al falso testimonio (art. 458 CP): Los investigados intentaron "comprar" el testimonio de María del Carmen Pano Sánchez a través de Ismael Oliver y Leticia de la Hoz Calvo, ofreciéndole 50.000 € para que modificara su declaración sobre la entrega de 90.000 € en efectivo en la sede del PSOE. Pena: 2 a 4 años de prisión.
- Falsedad en documento mercantil (arts. 392 y 390 CP): Ana María Fuentes Pacheco emitió notas de encargo falsas para justificar los pagos a los despachos de Oliver y Teijelo, con el fin de ocultar que los fondos se destinaban a Leire Díez. Pena: 3 a 6 años de prisión.
- Tráfico de influencias (arts. 428-430 CP): Santos Cerdán y Leire Díez habrían utilizado su capacidad de influencia sobre altos cargos (incluso el fiscal jefe de Anticorrupción) para obtener resoluciones favorables. Pena: 2 a 4 años de prisión e inhabilitación.
- Delito contra las instituciones del Estado (art. 504.2 CP): La desestabilización sistemática de procedimientos judiciales y la creación de campañas de descrédito contra la UCO ("UCO patriótica") podrían integrar este tipo. Pena: 5 a 10 años de prisión.
4. METODOLOGÍA PROSPECTIVA: MICHEL GODET Y DOCTRINA DEL DR. MIGUEL GALLARDO
El análisis del devenir del caso Hirurok se realiza aplicando la prospectiva estratégica de Michel Godet (análisis estructural MICMAC, análisis de actores MACTOR y construcción de escenarios morfológicos), integrada con la doctrina del Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (Derecho Estadístico, metadecisiones, informatoscopia notarial y peritación negociadora). Las variables críticas que determinarán el futuro de la causa son:
- VCI‑1 · La voluntariedad del requerimiento frente al registro subsidiario. El PSOE puede optar por colaborar activamente (entregando la documentación voluntariamente) o por oponerse, lo que obligaría a ejecutar el registro. Una oposición frontal podría generar una crisis institucional y acelerar la instrucción, pero también daría lugar a recursos de nulidad.
- VCI‑2 · La validez de las pruebas electrónicas (volcados de correos, chats, servidores). La defensa de los investigados impugnará la cadena de custodia de los dispositivos intervenidos en los registros de diciembre de 2025 y los nuevos que se obtengan en Ferraz. La informatoscopia notarial será el campo de batalla técnico. El magistrado Pedraz ya ha autorizado el "rooteo" y el cambio de contraseñas, lo que será recurrido.
- VCI‑3 · La credibilidad de los testaferros y colaboradores. Leire Díez, Ismael Oliver o Jacobo Teijelo podrían alcanzar conformidades a cambio de penas reducidas y testificar contra Santos Cerdán. La Fiscalía podría ofrecer protección a testigos.
- VCI‑4 · La posición de la Fiscalía y la reacción del Gobierno. El auto informa que el Ministerio Fiscal ya ha emitido informes favorables. Si la Fiscalía mantiene una postura activa, podría solicitar la imputación formal de todos los investigados en un plazo breve. La presión política sobre el juez Pedraz es máxima.
- VCI‑5 · La cooperación de las entidades bancarias y las comisiones rogatorias. El auto requiere información bancaria y de viajes. La obtención de extractos de cuentas en paraísos fiscales (si los hubiera) podría ser clave para acreditar el blanqueo.
5. ANÁLISIS MACTOR DE ACTORES CLAVE (PODER E INFLUENCIA)
| Actor | Objetivo principal | Poder (1‑5) | Posición esperada |
|---|---|---|---|
| Magistrado Santiago Pedraz Gómez | Completar la instrucción, obtener la documentación requerida y determinar la existencia de organización criminal. Evitar nulidades. | 5 | Juez de gran experiencia, garantista pero con firmeza ante la corrupción. No dudará en ejecutar el registro si el PSOE no colabora. Podría ampliar las imputaciones. |
| Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil | Ejecutar el requerimiento y el registro, asegurar la cadena de custodia y elaborar los informes periciales. | 4 | Neutral, con informes muy detallados que han servido de base al auto. Actuará con celeridad y bajo la supervisión del juez. |
| PSOE (Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Ion Antolín) | Evitar el registro, minimizar el daño reputacional y, en su caso, entregar la documentación de forma controlada. | 3 | Estrategia dual: cumplimiento formal del requerimiento para evitar el registro, pero con reservas de confidencialidad y recursos. Posible oposición a la entrega de correos electrónicos. |
| Defensas (abogados de los investigados) | Impugnar la cadena de custodia, solicitar la nulidad de las pruebas y evitar la apertura de juicio oral. | 4 | Ofensiva técnica sobre el artículo 324 LECrim (plazos de instrucción) y sobre la legitimidad del acceso a los dispositivos electrónicos. Recursos de reforma y apelación. |
| Fiscalía Provincial de Madrid | Apoyar la instrucción, solicitar la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento para los de menor rango. | 4 | Coherente con la gravedad de los hechos. Apoyará las diligencias, pero podría ofrecer conformidades a los intermediarios. |
El magistrado Santiago Pedraz ha justificado la medida en la necesidad de obtener información clave para acreditar la financiación irregular de la trama. El auto cita abundantemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 12/2012, STC 69/1999, STC 10/2002) y del Tribunal Supremo (STS 583/2017, STS 125/2014) sobre la menor protección domiciliaria de las personas jurídicas. La decisión final sobre la ejecución del registro dependerá de la actitud del PSOE.
6. ÁRBOL DE DECISIÓN Y PRONÓSTICO JUDICIAL (PROBABILIDADES)
┌► COLABORACIÓN VOLUNTARIA (entrega de documentos sin oposición) ──────────── [70%]
│ │
│ ├► Entrega parcial con recursos ─────────────────────── [20%]
│ │
│ └► Entrega total y cese de la actividad ────────────── [50%]
│
REQUERIMIENTO AL PSOE ──┼► OPOSICIÓN Y REGISTRO SUBSIDIARIO (negativa o no respuesta) ───────── [30%]
│ │
│ ├► Registro exitoso (hallazgo de documentos clave) ──── [25%]
│ │
│ └► Registro con incidentes (destrucción de pruebas) ── [5%]
│
└► PROBABILIDAD DE QUE SE PRACTIQUE EL REGISTRO REALMENTE: 30%
✅ Escenario Base · Colaboración voluntaria y apertura de juicio oral contra los principales cabecillas (penas medias-altas)
El PSOE, a través de su representación legal, decide colaborar activamente con la justicia para evitar el registro y la consiguiente crisis política. Entrega la documentación requerida (correos electrónicos, carpetas de red, libros contables, facturas) dentro del plazo establecido. La UCO y el juez Pedraz obtienen pruebas concluyentes sobre la financiación irregular (pagos a Leire Díez, facturas falsas de Oliver y Teijelo, viajes de Miriam Serrano, etc.). Se abre juicio oral contra Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo por organización criminal y cohecho. Las penas solicitadas: 9-12 años para Cerdán, 6-8 años para Leire Díez, 5-7 años para Pérez Dolset, 4-6 años para Oliver y Teijelo, 3-5 años para Zarrías. El capitán Juan Sánchez Yepes es condenado por revelación de secretos a 3 años de prisión.
Pronóstico nominal (Base): Condenas para todos los investigados principales, con penas de prisión efectivas para los cabecillas. El PSOE, como persona jurídica, podría ser sancionado con una multa por deficiencias en el compliance.
⚠️ Escenario Intermedio · Registro con oposición parcial y condenas menores por falsedad (sin organización criminal)
El PSOE no entrega toda la documentación o la entrega de forma incompleta, lo que obliga a ejecutar el registro subsidiario. La UCO interviene en Ferraz y obtiene parte de la información, pero algunas pruebas son declaradas nulas por vicios en la cadena de custodia. El tribunal no aprecia la existencia de una organización criminal estable, sino actos aislados de falsedad documental y tráfico de influencias. Las penas se reducen: Santos Cerdán es condenado a 3-5 años (prisión suspendida), Leire Díez a 2-3 años, y el resto a multas e inhabilitaciones. El capitán Sánchez Yepes resulta absuelto por falta de prueba de la revelación de secretos.
🌟 Escenario Pesimista (para la acusación) · Anulación de las pruebas por nulidad de los registros previos
La defensa de Santos Cerdán y los demás investigados logra que se declare la nulidad de los registros practicados en diciembre de 2025 y de las comunicaciones intervenidas, por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y por falta de proporcionalidad en la investigación prospectiva. El Tribunal Supremo anula las resoluciones que autorizaron la entrada en los domicilios de Leire Díez y Vicente Fernández, y en consecuencia, todas las pruebas obtenidas son declaradas "fruto del árbol envenenado". El juez Pedraz acuerda el sobreseimiento libre para todos los investigados, y el PSOE no llega a ser registrado. El auto pierde su eficacia.
7. CASOS ANÁLOGOS CON PROSPECTIVA COMPARADA (METODOLOGÍA DEL DR. MIGUEL GALLARDO)
El caso Hirurok guarda similitudes con otras investigaciones sobre financiación irregular de partidos políticos y uso de estructuras de poder para influir en la justicia, como la Operación Kitchen (espionaje a Bárcenas) o el caso de los ERE en Andalucía. La utilización de empresas pantalla y facturas falsas para canalizar fondos recuerda a la trama Koldo, y el ofrecimiento de dinero a cargos públicos (fiscales, comandantes) es típico del delito de cohecho. El auto de Pedraz, por su exhaustividad y la autorización del registro en la sede de un partido en el poder, se inscribe en la línea de las grandes macrocausas políticas que han marcado la historia judicial española (Gürtel, Púnica, etc.).
8. RECOMENDACIONES PARA APEDANICA Y CONCLUSIÓN PROSPECTIVA
La instrucción del caso Hirurok (Diligencias Previas 150/2025) acaba de dar un paso de gigante con el auto de registro en la sede del PSOE. A la vista de la contundencia de los indicios (mensajes de WhatsApp, anotaciones manuscritas, testigos protegidos, ofrecimientos económicos), el escenario base (colaboración voluntaria y apertura de juicio oral) tiene una probabilidad del 60%. El PSOE se verá abocado a colaborar para evitar el registro subsidiario, que causaría un daño reputacional irreparable. Las penas para los cabecillas serán elevadas, probablemente de prisión efectiva.
APEDANICA, bajo la dirección del Dr. Miguel Gallardo, debe:
- ✔ Solicitar personarse como acusación popular en las Diligencias Previas 150/2025, en virtud del artículo 125 CE, para defender la legalidad y la transparencia institucional.
- ✔ Ofrecer sus servicios de peritaje informático (informatoscopia notarial) para garantizar la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos que sean intervenidos en el registro.
- ✔ Elaborar un dictamen de Derecho Estadístico sobre la probabilidad de que los pagos mensuales de 4.000 € a Leire Díez y las facturas falsas constituyan una organización criminal a efectos del artículo 570 bis CP.
- ✔ Realizar un seguimiento pormenorizado de las reacciones del PSOE y de las decisiones del magistrado Pedraz, publicando análisis periódicos en cita.es y miguelgallardo.es.