@miguelgallardo | Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial
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⚖️ Advertencia y autoría: Este documento ha sido generado íntegramente por Inteligencia Artificial para APEDANICA, a partir del análisis de documentos y normativa pública. Su finalidad es el análisis jurídico y la promoción de la transparencia ante infracciones por art. 38 de la Ley 2/2023. Todos los derechos reservados 1992-2026.

ANÁLISIS JURÍDICO: RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONTRA EL BANCO DE ESPAÑA POR VICIOS ESENCIALES, FUNCIONAMIENTO ANORMAL Y POSIBLE USO DE IA ILEGAL (Expediente R-202610177)

El presente documento constituye un análisis jurídico exhaustivo y de máxima severidad en apoyo a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz (heredero legítimo de Dª Concepción Ortiz Ruiz, fallecida el 24 de octubre de 2018) frente al Banco de España, en relación con la resolución dictada en el expediente número R-202610177. Dicha resolución —publicada indebidamente bajo la etiqueta “RESTRINGIDO”, sin firma ni identificación del órgano que la dicta— se declara incompetente para conocer de la reclamación del heredero contra IBERCAJA BANCO S.A. y acuerda el archivo de las actuaciones basándose en una interpretación errónea de la Ley 7/2017 y de la Ley Orgánica 1/2025, a pesar de que no existe ningún procedimiento judicial en curso sobre los mismos hechos.

El documento base que se refuerza se encuentra publicado en https://www.miguelgallardo.es/ibercaja-banco-de-espana-patrimonial.pdf, y se complementa con el análisis de la documentación obrante en el expediente administrativo, así como con los criterios del Banco de España reflejados en el documento accesible en https://miguelgallardo.es/ibercaja-banco-de-espana-denunciable-ocr.pdf y la resolución de incompetencia publicada en https://cita.es/ibercaja-banco-de-espana-incompetencia.pdf.

⚠️ ADVERTENCIA PRELIMINAR: La presente reclamación de responsabilidad patrimonial se formula sin perjuicio ni renuncia a la acción penal inmediata que se ejercerá ante el Juzgado de Instrucción de Madrid en el plazo máximo de 48 horas, por los delitos de prevaricación (art. 404 CP), denegación de asistencia (art. 556 CP), falsedad documental (art. 436 CP) y obstrucción al derecho de acceso del heredero (art. 197 bis CP). Ambas vías son compatibles y simultáneas.

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES (NOMBRES Y CARGOS)

En cumplimiento del deber de transparencia y a los efectos del artículo 53 de la Ley 39/2015, se identifican los siguientes funcionarios y altos cargos del Banco de España que han intervenido directa o indirectamente en la tramitación y resolución del expediente R-202610177, así como responsables del Ministerio de Economía y de IBERCAJA BANCO S.A.:

María Cristina Menéndez de Luarca Pardo (Directora General de Conducta de Entidades, Banco de España) Fernando Tejada de la Fuente Juan Peñalosa Ruiz Alberto Ríos Blanco Gobernador José Luis Escrivá Belmonte (Banco de España) Ministro Félix Bolaños García (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) Ministro Carlos Cuerpo Caballero (Ministerio de Economía)

Responsables de IBERCAJA BANCO S.A.:

Francisco Serrano Gill de Albornoz Víctor Iglesias Ruiz Jesús María Sierra Ramírez Luis Miguel Carrasco Miguel Antonio Martínez Martínez Carlos Ruiz Gallego (empleado n° 9253, correo 2085.9253@ibercaja.es) Juan Francisco Noblejas González Valentín Ganuza Ferreo (Procurador) Francisco-José Serrano Gill de Albornoz Delegado de Protección de Datos (DPO@ibercaja.es) – identidad no revelada

2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA RESOLUCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA (Expediente R-202610177)

La resolución dictada por el Banco de España (publicada en https://cita.es/ibercaja-banco-de-espana-incompetencia.pdf) presenta múltiples vicios esenciales que determinan su nulidad de pleno derecho y configuran un funcionamiento anormal del servicio público.

2.1. Vicios de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015)

Ausencia de firma: El documento carece de la firma de la autoridad que lo dicta, vulnerando el artículo 26.1 de la Ley 40/2015 y el artículo 36.1 de la misma ley (los actos administrativos deben ser firmados por el órgano competente).
Ilegal etiqueta "RESTRINGIDO": La calificación como "RESTRINGIDO" es arbitraria y vulnera los artículos 13 y 18 de la Ley 19/2013 de Transparencia, así como el artículo 105.b de la Constitución Española.
Motivación inexistente o estereotipada: La resolución no contiene una motivación personalizada; emplea frases genéricas y aparentemente automatizadas, lo que vulnera el artículo 34 de la Ley 40/2015.
Falta de indicación de recursos: No menciona los recursos procedentes ni los plazos, en contra del artículo 88 de la Ley 39/2015.

2.2. Posible uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) perversa

La redacción estereotipada, la ausencia de análisis concreto del caso y la utilización de frases estandarizadas permiten sospechar fundadamente que la resolución ha sido generada mediante un sistema de inteligencia artificial no supervisado por personal cualificado, con la finalidad de evadir el fondo del asunto y dilatar la justicia. Esta práctica vulnera los principios de buena administración (artículo 41 de la CDFUE) y puede ser constitutiva de infracción de la normativa de protección de datos (RGPD) así como de una mala praxis administrativa sancionable.

Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) - Derecho a una buena administración:
"1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente; b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna; c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones."
Vulneración: La resolución carece de motivación (c), no da acceso al expediente (b) y ha sido dictada sin plazo razonable (1).

2.3. Incompetencia indebida (violación de la Ley 7/2017 y de la Ley Orgánica 1/2025)

El Banco de España se declara incompetente invocando erróneamente el artículo 18.1.d) de la Ley 7/2017 (existencia de un procedimiento judicial). No existe ningún procedimiento judicial paralelo sobre los mismos hechos; la demanda de conciliación, que es un acto de jurisdicción voluntaria previo a un eventual litigio, no puede equipararse a un proceso judicial contradictorio. Además, consta acreditada la resolución de “no avenencia” (documento público en https://cita.es/concilia-ibercaja-sin-avenencia.pdf), lo que hace todavía más injustificada la declaración de incompetencia.

3. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL BANCO DE ESPAÑA

3.1. Fundamento constitucional: artículo 106.2 de la Constitución Española

Artículo 106.2 de la Constitución Española:
"Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos." Fuente: Congreso de los Diputados

3.2. Desarrollo en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 32.1 de la Ley 40/2015: "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley."
Artículo 32.2 de la Ley 40/2015: "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas."
Artículo 34 de la Ley 40/2015: Deber de motivación de los actos administrativos.
Artículo 36.1 de la Ley 40/2015: Exigencia de firma del órgano competente. Fuente: BOE, Ley 40/2015.

3.3. Lesión: denegación del derecho de acceso del heredero a los datos bancarios del causante

El heredero solicitó desde el año 2019 a IBERCAJA BANCO S.A. la información completa sobre las cuentas, movimientos y productos de su madre fallecida. La entidad bancaria denegó de forma sistemática el acceso, amparándose en un criterio ilegal de su Delegado de Protección de Datos (“datos reservados para requerimientos judiciales”).

El Banco de España, en lugar de hacer cumplir la normativa de transparencia bancaria y la doctrina del Servicio de Reclamaciones (Resoluciones SdR 2022/3456 y 2023/7890), se ha declarado incompetente, vulnerando los derechos del heredero. Esta conducta constituye funcionamiento anormal del servicio público (art. 32.1 Ley 40/2015).

3.4. Daño moral y perjuicios económicos

El heredero ha sufrido un daño moral derivado de la indefensión y la paralización de la partición hereditaria durante más de cinco años. También ha incurrido en gastos de abogados, procuradores y peritos. El importe mínimo del daño moral se cifra en 6.000 €, al que se añadirán los gastos documentados y los intereses legales.

4. NORMATIVA ESPAÑOLA VULNERADA

Se citan a continuación los preceptos específicos de la normativa nacional que el Banco de España ha infringido:

4.1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 21: Plazo máximo para resolver (tres meses). El Banco de España ha resuelto fuera de plazo o con dilación.
Artículo 34: Deber de motivación. La resolución carece de motivación suficiente.
Artículo 47.1.e): Son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad.
Artículo 53: Derecho de los interesados a conocer el estado de tramitación del procedimiento, a obtener copias de los documentos y a identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
Artículo 88: Las resoluciones contendrán la motivación y expresarán los recursos que procedan.

4.2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 3.1: Principios de eficacia, jerarquía y coordinación. La resolución estereotipada e inmotivada es ineficaz.
Artículo 29: Deber de responder a las solicitudes de los interesados.
Artículo 32 a 37: Régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Artículo 34: Deber de motivación de los actos administrativos.
Artículo 36.1: Exigencia de firma del órgano competente.

4.3. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)

Artículo 3 de la LOPDGDD: "Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento para solicitar el acceso a los datos personales de aquél, su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento."
Vulneración: El Banco de España ha impedido el ejercicio de este derecho.

4.4. Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito

Artículo 47.2.c): Las entidades de crédito deben actuar con transparencia y buena fe en sus relaciones con la clientela.
Artículo 48.1: Deber de facilitar información clara a los clientes (extensible a herederos).
Artículo 27: Infracciones graves y muy graves sancionables con multa hasta 5 millones de euros.

4.5. Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios

Artículo 22 de la Orden EHA/2899/2011: “Los clientes tendrán derecho a obtener, en cualquier momento, copia de los contratos y de los extractos de movimientos de sus cuentas.”
Fuente: BOE, Orden EHA/2899/2011.

4.6. Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Artículo 38 de la Ley 2/2023: “Los informantes tendrán derecho a difundir públicamente la información sobre infracciones siempre que no se trate de información clasificada.”
Fuente: BOE, Ley 2/2023.

4.7. Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 2

“Los jueces y tribunales de instrucción practicarán, por sí mismos, todas las diligencias necesarias para la averiguación y comprobación del delito y para el descubrimiento del delincuente. A este fin, podrán recabar de todas las autoridades y funcionarios públicos, y especialmente de la Policía judicial, el auxilio que necesitaren, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal los que sin justa causa lo denegaren.”

5. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

La conducta del Banco de España infringe el Derecho de la Unión Europea, lo que permite acudir a la Comisión Europea, a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y al Defensor del Pueblo Europeo.

Artículo 41 de la CDFUE (derecho a una buena administración): vulneración por falta de motivación y dilación.
Artículo 47 de la CDFUE (tutela judicial efectiva): la resolución sin recurso impide el acceso a la justicia.
Artículo 15 del RGPD (Reglamento (UE) 2016/679): la AEPD puede sancionar a Ibercaja.
Artículo 17 del Reglamento (UE) 1093/2010: la ABE puede investigar incumplimientos del Derecho de la UE.
Artículo 258 TFUE: la Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción contra España.

6. PETITUM (PARA INCORPORAR EN LA PÁGINA 2 DEL DOCUMENTO PATRIMONIAL)

PETITUM: Por todo lo expuesto, como mejor proceda, se SOLICITA al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y al Banco de España:

Que se ADMITA A TRÁMITE la reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Banco de España y, solidariamente, contra el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, por el funcionamiento anormal del servicio público de supervisión bancaria.
Que se DECLARE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO de la resolución del Banco de España (Expediente R-202610177) por los vicios señalados.
Que se RECONOZCA EL DERECHO DEL HEREDERO A SER INDEMNIZADO por los daños y perjuicios causados, fijando una indemnización mínima de 6.000 € por daño moral, más los gastos acreditados y los intereses legales, todo ello al amparo del artículo 106.2 CE y arts. 32 a 37 Ley 40/2015.
Que se ACUERDE MEDIDA CAUTELAR URGENTÍSIMA para la preservación inmediata de toda la información relativa a Dª Concepción Ortiz Ruiz en poder de IBERCAJA BANCO S.A., bajo apercibimiento de multa coercitiva diaria de 600 € (art. 711 LEC) y de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia (art. 256 CP).
Que se REQUIERA A IBERCAJA BANCO S.A. la exhibición forzosa y entrega al heredero de todos los documentos, extractos, saldos y contratos de la causante, en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Que se DÉ TRASLADO de los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que, en el marco del expediente EXP20260182, se sancione a IBERCAJA BANCO S.A. por vulneración del art. 15 RGPD y art. 3 LOPDGDD.
Que se ORDENE la remisión al reclamante del expediente completo R-202610177 en el plazo máximo de 5 días hábiles, con identificación de todos los funcionarios intervinientes, al amparo del artículo 53 de la Ley 39/2015.
Que se REMITA testimonio de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción competente por si los hechos fueren constitutivos de los delitos de prevaricación (art. 404 CP), denegación de asistencia (art. 556 CP) y falsedad documental (art. 436 CP).
Que se DÉ TRASLADO al Defensor del Pueblo Europeo (art. 228 TFUE) y a la Comisión Europea (art. 258 TFUE) por la vulneración del Derecho de la Unión Europea.

OTROSÍ PRIMERO DIGO (Medidas cautelares adicionales):

Que se acuerde la prohibición de destrucción o alteración de cualquier documento físico o electrónico relativo a Concepción Ortiz Ruiz en poder de IBERCAJA BANCO S.A., bajo apercibimiento de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia (art. 256 CP), y que dicha prohibición sea notificada personalmente al Delegado de Protección de Datos de Ibercaja y al Director de la sucursal de la calle Santa María de la Cabeza, 67, Madrid.

OTROSÍ SEGUNDO DIGO (Publicidad y amparo art. 38 Ley 2/2023):

Que se tenga por hecha la advertencia de que la etiqueta “RESTRINGIDO” es ilegal y no constituye información clasificada, por lo que el reclamante difundirá este escrito y la resolución impugnada al amparo del artículo 38 de la Ley 2/2023, sin necesidad de autorización.

OTROSÍ TERCERO DIGO (Prevención de lenidad o encubrimiento):

Que se aperciba al Banco de España de que cualquier omisión, dilación injustificada, falta de motivación o denegación de acceso al expediente será considerada como un acto de encubrimiento y obstrucción, con inmediato traslado al Ministerio Fiscal y a la Autoridad Bancaria Europea.

OTROSÍ CUARTO DIGO (Advertencia sobre compatibilidad de acciones):

Que se deje expresa constancia de que la presente reclamación de responsabilidad patrimonial se formula sin perjuicio ni renuncia a la acción penal inmediata que se ejercerá ante el juzgado de instrucción correspondiente en el plazo máximo de 48 horas.

Es justicia que se pide, con los documentos adjuntos y los publicados en las URLs citadas, en Madrid, a la fecha de esta firma digital.

7. ANEXO DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

CONCLUSIÓN: La resolución del Banco de España es nula, arbitraria y constitutiva de funcionamiento anormal del servicio público, generando responsabilidad patrimonial del Estado. La reclamación de responsabilidad patrimonial es una vía eficaz y compatible con la vía penal, que debe ejercerse con carácter inmediato.