Destinatarios: Abogados de las víctimas personadas en los procedimientos judiciales en curso (Juzgados de Instrucción de Madrid).
Objeto: Proporcionar material probatorio y argumentario jurídico riguroso para fundamentar la presunta imputación de los responsables colegiales del ICOMEM que, teniendo conocimiento del riesgo extremo en residencias y de la aplicación de protocolos de exclusión asistencial basados en dependencia funcional (Barthel, Katz), omitieron su deber de intervención, amparo y sanción.
Enlace canónico: https://www.miguelgallardo.es/perito-icomem-covid
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) no es una mera asociación privada; actúa como corporación de derecho público con potestades delegadas para ordenar la profesión y velar por el cumplimiento de la lex artis y del Código de Deontología Médica. Sus funciones estatutarias incluyen:
El Código de Deontología Médica establece la prohibición de discriminación por edad, discapacidad o dependencia, la obligación de valoración clínica individualizada, el deber de denunciar condiciones asistenciales insuficientes y el deber de amparar al médico que se niega a aplicar órdenes contrarias a la ética.
Los cuatro documentos científicos aportados acreditan que el entorno profesional del ICOMEM y del SERMAS conocía, con anterioridad y durante la pandemia, la extrema vulnerabilidad de los residentes y la letalidad de los protocolos de exclusión hospitalaria.
Enlace: https://cita.es/geriatra-covid-cuestionable-4.pdf
Traducción forense: «Criterios de inclusión: (i) edad ≥ 70 años, (ii) prefragilidad o fragilidad según el fenotipo de fragilidad o velocidad de marcha <0,8 m/s, (iii) vivir en la comunidad, (iv) Puntuación del Índice de Barthel ≥ 90...» / «La fragilidad se ha asociado con la mortalidad, la discapacidad en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, la discapacidad de movilidad, la institucionalización, la hospitalización, las caídas y fracturas, y una mala calidad de vida.»
Utilidad criminalística: Acredita que el entorno de Geriatría del SERMAS utilizaba formalmente el Índice de Barthel ≥ 90 como frontera de salud plena en sus ensayos clínicos. Cuando el SERMAS impuso cortar el traslado hospitalario a ancianos con Barthel < 90 o dependientes, los facultativos de su servicio sabían con plena certeza clínica que estaban derivando a la muerte a personas vulnerables basándose en baremos que ellos mismos manejaban cotidianamente.
Enlace: https://cita.es/geriatra-covid-cuestionable-3.pdf
Traducción forense: «Las residencias de ancianos son también un nosocomio... donde la transmisión de microorganismos patógenos es posible y frecuente.» / «No existe un programa común regional o nacional sobre la prevención de la infección nosocomial en centros de larga estancia... Sería absolutamente necesario establecer planes de prevención para proteger a la población que vive en ellos. Esta población es muy vulnerable.» / «La formación de los profesionales no alcanza el nivel de nuestros hospitales... lo que dificulta establecer medidas para contener el riesgo de infección.»
Utilidad criminalística: Constituye una prueba documental de cargo incontestable sobre el conocimiento previo del riesgo. El Dr. Serra Rexach firmó que las residencias no eran hospitales, no tenían personal capacitado ni medios de aislamiento, y funcionaban como focos infecciosos ("nosocomios"). El ICOMEM, a través de sus colegiados, conocía esta realidad y no emitió ninguna alerta deontológica ni instrucción para impedir que se mantuviera a pacientes en entornos clínicamente inadecuados para tratar patología respiratoria aguda.
Enlace: https://cita.es/geriatra-covid-cuestionable-2.pdf
Traducción forense: «La discapacidad asociada a la hospitalización afecta aproximadamente al 30% de los adultos hospitalizados de 70 años o más.» / «La pérdida de actividades de la vida diaria (AVD) ocurre principalmente entre el inicio de la enfermedad aguda y la admisión hospitalaria.» / «Los índices de Katz y Barthel se utilizaron para evaluar la discapacidad.»
Utilidad criminalística: Demuestra el dominio pericial del investigado sobre la ventana de oportunidad terapéutica. El Dr. Serra Rexach sabía científicamente que la pérdida irreversible de autonomía y el colapso vital ocurren en el intervalo previo a la admisión hospitalaria si no hay atención médica inmediata. Al negar el ingreso durante esa fase crítica, se garantizó el desenlace letal. El ICOMEM conocía el uso desnaturalizado de estas escalas como filtros de exclusión, contrario a su finalidad médica de incrementar cuidados.
Enlace: https://cita.es/geriatra-covid-cuestionable-1.pdf
Traducción forense: «Los pacientes mayores que vivían en residencias de Madrid fueron claramente la población más vulnerable durante la pandemia.» / «Del 8 de marzo al 19 de abril de 2020, falleció el 19% de los pacientes mayores que vivían en estas instalaciones, con un incremento de seis veces en comparación con el mismo período de los últimos años.» / «En lo que fallamos fue en no reasignar recursos antes, ya que nos centramos primero en la atención aguda en hospitales terciarios, y en no hacer pruebas al mayor número posible de pacientes para implementar mejores medidas de aislamiento.»
Utilidad criminalística: Este documento funciona procesalmente como una confesión extrajudicializada de fallo sistémico y abandono deliberado. El propio jefe de geriatría admite por escrito que abandonaron a las residencias para blindar a los hospitales terciarios, ocasionando la muerte del 19% de la población institucionalizada en solo 6 semanas. El ICOMEM, ante esta admisión pública, omitió la apertura de expedientes disciplinarios de oficio.
El ICOMEM disponía de plenas competencias legales y estatutarias para intervenir y frenar los criterios discriminatorios de triaje, pero optó por la inacción.
El ICOMEM conocía, a través de sus propios colegiados, que las residencias funcionaban como entornos no hospitalarios sin cualificación ni medios de aislamiento ("Nursing homes are also a nosocomium...", Anexo 2). No obstante, no emitió dictámenes de alerta ni sancionó la retención forzada de pacientes en dichos centros.
La literatura publicada por los investigadores del SERMAS acredita que el deterioro irreversible ocurre entre el inicio del cuadro agudo y el ingreso ("Loss of ADLs occurs mainly between the onset of acute illness and hospital admission", Anexo 3). El ICOMEM no intervino ante la desnaturalización de las escalas Barthel/Katz —diseñadas para medir necesidades asistenciales y no para justificar la denegación de soporte vital—, omitiendo el control de praxis sobre su uso restrictivo.
En el Anexo 4 (JAGS, 2020) se admite la falta de reasignación oportuna de recursos hacia la población institucionalizada en residencias. Ante la constatación de una mortalidad del 19% en 6 semanas en dicho ámbito, el ICOMEM no incoó expedientes informativos de oficio para deslindar la responsabilidad de los responsables del triaje del SERMAS.
La Comisión de Deontología del ICOMEM reconoció en su memoria de 2021 la apertura de 359 nuevos expedientes sobre praxis médica, en su mayoría relacionados con Medicina Familiar y Comunitaria. Sin embargo, no consta ninguna sanción inhabilitante para las cúpulas directivas del SERMAS o las jefaturas de servicio que coordinaron el triaje. El archivo sistemático de quejas y la ausencia de expedientes disciplinarios o cautelares contra las cúpulas asistenciales operaron como una validación tácita de las exclusiones de traslados a centros hospitalarios terciarios.
Fuente verificable: ICOMEM (2021): La pandemia de la Covid-19 marca la actividad de la Comisión de Deontología
La retirada de un ponente firmante de los protocolos de triaje (Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Ayuso imputado en el 'caso residencias') de unas conferencias en el Colegio de Médicos de Madrid, tras las quejas de una asociación de víctimas, demuestra que el ICOMEM conocía públicamente el conflicto ético y la relevancia del problema.
Fuente verificable: EL PAÍS (2025): Retiran de una charla al firmante de los protocolos para las residencias de Madrid
A continuación se identifican, con nombre y apellidos, los responsables colegiales que ocupaban cargos de responsabilidad durante los periodos críticos de la pandemia y que, presuntamente, incurrieron en omisión de sus deberes deontológicos.
Esta corporación ostentaba la posición de garante deontológico activo cuando se implementaron los criterios de exclusión hospitalaria en las residencias.
| Cargo | Nombre y Apellidos | Ámbito de posible relación con triaje/protocolos |
|---|---|---|
| Presidente | Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón | Máxima autoridad colegial firmante del régimen de control de riesgos y responsable del direccionamiento de quejas hacia la comisión deontológica durante los meses más críticos de la primera ola. |
| Vicepresidenta | Dra. Belén Padilla Ortega | Facultativa adjunta del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, el mismo centro donde el investigado Dr. Serra Rexach ejerce como Jefe del Servicio de Geriatría. Estrecho nexo de coincidencia institucional en el epicentro de la gestión hospitalaria. |
| Secretario General | Dr. José María Borrel Martínez | Custodia de actas, acuerdos y expedientes; clave para trazabilidad documental de quejas y archivos. |
| Vocal de Médicos de Hospitales | Miembro directo de la Mesa de Hospitales | Encargado de fiscalizar la actividad de las Jefaturas de Servicio del SERMAS. |
Esta administración, que tomó posesión el 14 de octubre de 2020, es la responsable directa del archivo administrativo de las denuncias por mala praxis y de la opacidad en la fiscalización de las responsabilidades penales.
| Cargo | Nombre y Apellidos | Ámbito de posible relación con triaje/protocolos |
|---|---|---|
| Presidente | Dr. Manuel Martínez-Sellés D'Oliveira Soares | Cardiólogo y Jefe de Sección en el Hospital Gregorio Marañón. Comparte centro de trabajo habitual con el investigado Dr. Serra Rexach. Refuerza la hipótesis de un presunto conflicto de intereses y un "blindaje corporativo cruzado" dentro de la propia cúpula directiva del Gregorio Marañón y el órgano colegial. |
| Vicesecretario (y Secretario en funciones) | Dr. Francisco Javier Martín Sánchez | Facultativo de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Posee un papel central en la validación, tramitación interna y despacho de la correspondencia, quejas y peticiones de amparo de los colegiados madrileños. |
| Tesorero | Dr. José Antonio Valero-Sánchez-Concha Delgado | Responsable de la asignación presupuestaria y del control de asesorías jurídicas internas encargadas de emitir los informes de inadmisión de las denuncias de las familias de las víctimas. |
| Vocal de Médicos de Atención Primaria | Dr. Rafael Carlos Ortega Gómez | Urgenciólogo hospitalario y representante directo del sector de los médicos que operaron en la primera línea asistencial de enlace y asistencia domiciliaria. |
La Comisión de Deontología es el órgano instructor específico que decretó el archivo de las reclamaciones contra los geriatras firmantes del triaje, hurtando dicha información a los procedimientos judiciales ordinarios.
| Cargo | Nombre y Apellidos | Ámbito de posible relación con triaje/protocolos |
|---|---|---|
| Presidente de la Comisión (Hasta finales de 2020) | Dr. José Manuel Castro Beiras | Cardiólogo y máxima autoridad técnico-deontológica en el momento en que se distribuyeron y ejecutaron los protocolos basados en el Índice de Barthel. Bajo su mandato se gestionó la respuesta institucional inicial ante las primeras quejas por denegación de asistencia domiciliaria y derivación hospitalaria. |
| Presidente de la Comisión (Desde 2021) | Dr. Rafael del Río Villegas | Neurofisiólogo clínico. Ejerce además como Presidente de la Junta Electoral del ICOMEM. Es el responsable directo de la firma y validación jurídica de las resoluciones definitivas de sobreseimiento interno corporativo que impidieron sancionar a los Jefes de Servicio del SERMAS. |
| Secretario y Letrado Asesor de la Comisión | D. Sergio Montiel García | Abogado de plantilla y empleado directo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Actúa como el técnico en derecho encargado de redactar los fundamentos formales de inadmisión y archivo de las reclamaciones presentadas por los familiares de los ancianos fallecidos. |
| Vocal Coordinadora de Encuentros de la Comisión | Dra. María Jesús del Yerro Álvarez | Psiquiatra, vocal de la Comisión de Deontología del ICOMEM y coordinadora de los encuentros institucionales de praxis. Gestionaba directamente la interlocución con los juzgados de control asistencial y la fiscalía madrileña en materia de pacientes vulnerables. |
| Secretario de la Comisión de Deontología | Dr. Andrés Bedate | Identificado corporativamente en las actas de la mesa técnica de control de expedientes de la corporación. |
Comité específico sobre adulto mayor, creado para posicionamientos científicos en este ámbito, con potencial relación indirecta con la valoración colegial de triajes y protocolos en residencias.
| Delito | Artículo CP | Fundamento |
|---|---|---|
| Prevaricación Administrativa por Omisión | Art. 404 | Dictado o aval implícito de resoluciones de archivo de denuncias deontológicas a sabiendas de la contravención de los deberes de la lex artis. Omisión injusta de abrir expedientes disciplinarios ante hechos conocidos y documentados. |
| Cooperación por Omisión Impropia en Homicidio/Lesiones | Arts. 11 y 142/152 | La falta de ejercicio de la potestad sancionadora y de control constituyó una condición omisiva que facilitó la continuidad de los protocolos de exclusión. Posición de garante colegial respecto de la lex artis y de la protección de pacientes frente a triajes discriminatorios. |
| Omisión del Deber de Socorro / Denegación de Auxilio Profesional | Arts. 196 y 412 | Desatención de los requerimientos de amparo colegial que habrían protegido la independencia clínica de los médicos de enlace y de atención primaria frente a las directrices de exclusión del SERMAS. |
| Encubrimiento de Infracciones del Deber de Garante | — | El corporativismo institucional operó como un escudo administrativo indispensable que dilató el acceso de los Juzgados de Instrucción a los expedientes de praxis y a las hojas de llamadas de los coordinadores hospitalarios. |
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM):
Su inacción:
La conjunción de estos elementos sitúa a los responsables colegiales identificados en una posición central en la cadena de responsabilidad penal por las muertes en residencias durante la pandemia. Su condición de garantes, su conocimiento técnico y su participación en los protocolos de exclusión justifican plenamente su imputación y enjuiciamiento.